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El gremio señala que de no lograr controlar el brote de coronavirus en los centros penitenciarios, es esperable que se produzcan diversos escenarios. Uno de ellos es la «pérdida de más vidas en reclusos y personal de Gendarmería, por efecto directo del COVID-19, causando alarma y descontrol de la población penal».
El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico manifestó su preocupación por la situación de la pandemia del coronavirus en los recintos penitenciarios de Chile y advirtieron que el avance del virus «ha evolucionado en una situación sanitaria fuera de control, que amenaza con agravar el problema de salud publica ya existente».
A través de un comunicado, señalaron que desde la primera semana de abril «a la fecha nuestros Departamentos de Derechos Humanos Nacional y Regionales, han efectuado visitas a 5 Centros Penitenciarios (Puente Alto, Valparaíso, La Serena, Santiago Sur [ex Penitenciaría] y Valdivia); estos recintos reúnen aproximadamente a 10.522 reclusos, constituyendo aproximadamente el 25% del total de la población penal del país».
Destacan que han realizado diversas gestiones y han mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia y el director de Gendarmería. Indican además que «se ha informado por diversas vías al Ministerio de Salud, solicitando ayuda urgente, no habiendo respuesta oportuna hasta el momento».
Advierten que de no lograr controlar el brote de coronavirus en los centros penitenciarios, es esperable que se produzcan diversos escenarios. Uno de ellos es la «pérdida de más vidas en reclusos y personal de Gendarmería, por efecto directo del COVID-19, causando alarma y descontrol de la población penal».
También prevén un posible colapso de la red pública de salud por atenciones de urgencia en camas críticas, además de «protestas al interior y exterior de los recintos penitenciarios que provoquen hechos de violencia y perdida de vidas (motines, toma de rehenes, intentos de fuga, etc)».
«El Estado tiene la obligación legal de velar por la salud de los reclusos, de todos los servidores públicos y de la comunidad en su conjunto. El incumplimiento de esta obligación no lo exime de enfrentar todas las responsabilidades que se deriven de sus actos por acción u omisión», finaliza el comunicado.
