PAÍS
Crédito: Catalina Juger, fotógrafa documental, miembro de Migrar Photo
Los heridos oculares son una suerte de mártires para los manifestantes, que les consideran la prueba de la brutalidad policial que se vivió en Chile y que fue denunciada incluso por Naciones Unidas.
Nicol lleva sin revisarse el ojo izquierdo desde marzo. Casi el mismo tiempo que Albano. Felipe ha tenido un poco más de suerte y la semana pasada vio por primera vez en algo más de dos meses al protesista.
Los tres se quedaron tuertos tras ser impactados por balines y lacrimógenas disparadas por las fuerzas de seguridad durante las protestas desatadas en octubre, que se saldaron con una treintena de muertos e hicieron tambalearse los cimientos del que estaba considerado hasta entonces el país más estable de Latinoamérica.
Los tres se sienten «en el más absoluto abandono» y temen que se agraven sus dolencias: la pandemia del nuevo coronavirus ha puesto en «stand-by» el programa gubernamental de reparación ocular en el que participan y no hay fecha para su reactivación.
«Me llamaron de un día para otro para cancelarme la cita y nadie me han contactado para preguntarme cómo estoy», lamenta a Efe Albano, un enfermero de 41 años que el 21 de octubre se encontraba en una marcha curando a heridos cuando fue disparado.
El perdigón le destrozó los lentes y el cristal se le clavó en el ojo izquierdo, destrozándole la córnea. La herida le lleva molestando unos días y cree que se le está formando una catarata, pero en Iquique no hay especialistas del programa y no puede viajar a Santiago por las restricciones impuestas por la pandemia.
«Al principio se hablaba de nosotros, pero ahora nos han olvidado», denuncia Albano, quien se encuentra a la espera de una tercera operación en junio, aunque cree que van a cancelársela dado el explosivo avance del coronavirus, que en el país ya registra más de 100.000 infectados y 1.200 muertos.
«Todos los recursos se han destinado a la covid-19, yo lo entiendo, pero nosotros también necesitamos ayuda. Ellos fueron quienes nos mutilaron», dice a Efe Felipe.
En su caso, fue una lacrimógena la que le impactó en el rostro cuando se manifestaba en Plaza Italia. La máscara antigás le salvó la vida y el golpe le causó una rotura de cráneo y del globo ocular izquierdo, que apenas puede abrir.
Los heridos oculares son una suerte de mártires para los manifestantes, que les consideran la prueba de la brutalidad policial que se vivió en Chile y que fue denunciada incluso por Naciones Unidas.
La «UTO» -el diminutivo con el que se conoce a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, donde llegaban y se tratan la mayoría de los heridos- era aquellos días un reguero de jóvenes con los ojos sangrando: «Por mi profesión he estado en muchos hospitales y nunca había visto nada igual, era una zona de guerra», recuerda Albano.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales dos se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos.
Pese a que en un principio el Gobierno chileno habló de «accidentes aislados», días después y ante la innegable avalancha de casos, lanzó un plan de ayuda, que las víctimas califican de «insuficiente».
El programa cuenta con un equipo de oftalmólogos y cirujanos, un psicólogo y un terapeuta ocupacional, según la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que asegura que ahora mismo solo funcionan las urgencias.
Efe contactó en varias ocasiones con los responsables del proyecto, pero no recibió respuesta.
«A los chiquillos les destrozaron la vida y el Gobierno debe ayudarles de por vida, no solo cuando acaben sus tratamientos», reivindica a Efe la presidenta de la asociación, Marta Valdés.
Desde el confinamiento en su casa en Santiago, Valdés lidia con un hijo adolescente al que una lacrimógena le sesgó la vista del ojo izquierdo y con otros heridos que acuden a ella ante la imposibilidad de conseguir recetas para comprar medicamentos por la cancelación de las consultas.
También alerta de que hay al menos dos jóvenes con riesgo de perder el ojo sano porque lo están forzando demasiado y tienen la tensión intraocular muy alta: «Tenemos mucho miedo de que no haya solo un Gustavo y una Fabiola», dice en referencia a las dos personas que quedaron ciegas por disparos de los agentes.
Nicol se pone a temblar solo de pensar en Plaza Italia, pero sabe que tendrá que volver en algún momento. Es fotoperiodista y su especialidad son los conflictos.
Perdió el 95% de la visión en su ojo izquierdo, pero eso no le parece lo más duro. Seis meses después, tiene tics nerviosos y ataques de pánico. La psicóloga del programa no da abasto y ha tenido que buscar un especialista que le cobra 80 dólares por sesión. Sabe que la mayoría de sus compañeros no pueden permitírselo.
«Los chiquillos están todos empastillados y dopados, les dan medicación muy fuerte y apenas les controlan», afirma la joven, de 30 años, que no piensa volver a la UTO hasta que pase la pandemia.
«Hemos tenido compañeros que han estado con pacientes con covid en la sala de urgencias, sin ningún tipo de resguardo. Eso representa en todas sus expresiones la negligencia y el abandono estatal», agrega.
A Felipe también le pesa más la herida psicológica. Ha tenido que quitar el gran espejo que tenía en su dormitorio y lo ha colocado en un rincón del salón. Aún no es capaz de mirarse.
«Tengo 40 años, desde los 18 años soy soldador en la minería. Ya no puedo trabajar, soy un riesgo. Voy a tener que reinventarme, sé que lo puedo hacer, pero el Estado no me está dando las condiciones para hacerlo», reclama.
Al dolor de la lesión y a la angustia en sí del confinamiento, se suma la impotencia por el lento avance de las investigaciones. Tienen poca confianza en la justicia chilena y están dispuestos a recurrir a tribunales internacionales.
«No vamos a descansar hasta que haya verdad y justicia. A lo mejor no vamos a encontrar a quiénes les dispararon, pero sí sabemos perfectamente quiénes dieron las órdenes», avisa Valdés.
