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Crédito: Agencia Uno (Contexto)
Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada enfatizó que la Mesa Social se trata de una instancia que cumple un rol público en el contexto de la gestión de la emergencia sanitaria y subrayó que “la confianza ha sido un eslabón débil en la estrategia para gestionar la crisis sanitaria y esto debe subsanarse con un trabajo diario y comunicando materias que son relevantes para la ciudadanía”.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, se refirió al debate por las actas de la Mesa Social Covid-19, la que se inició con una polémica entre la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Incluso, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi se sumó a la discusión.
Al respecto, Jaraquemada enfatizó en que se trata de una instancia que cumple un rol público en el contexto de la gestión de la emergencia sanitaria y subrayó que “la confianza ha sido un eslabón débil en la estrategia para gestionar la crisis sanitaria y esto debe subsanarse con un trabajo diario y comunicando materias que son relevantes para la ciudadanía”.
«Las diferencias en torno a los acuerdos alcanzados en la mesa social no ayudan a la generación de confianza en momentos en que es clave que la ciudadanía comprenda y tenga claridad respecto de las acciones que se están tomando. Los antecedentes y materias sobre las que se pronuncia esta instancia hacen necesario que el Ministerio de Salud cuente con actas que ayuden a legitimar la toma de decisiones y les dé una adecuada publicidad”, afirmó.
“Los temas que aborda, las sugerencias que recibe, los acuerdos que alcancen en caso de hacerlo en este marco, además de detalles de los asistentes y sesiones que realizan, toda es información que es la base de la legitimidad que puedan tener sus decisiones”, sostuvo.
“Desde que se inició esta emergencia el Consejo para la Transparencia ha hecho llamados a las entidades públicas y autoridades a explicar los hechos y dar cuenta a los ciudadanos e ir incluso más allá de la ley, es decir, a practicar una transparencia proactiva. Generar confusión que puede resolverse mediante un registro público es poco asertivo”, espetó el abogado. “Esto aplica a los fundamentos y metodologías, las que deben comunicarse de manera clara y oportuna en un trabajo conjunto con los medios, periodistas y sociedad civil, de manera de dar legitimidad a las decisiones y medidas, posibilitando que se mantenga un necesario y permanente escrutinio”, detalló.
“Que la gente comprenda y cumpla con una serie de cuestiones que implica el plan de desconfinamiento debe partir de la confianza en la decisión y medidas que se proponen, si no la gente no va a colaborar y puede tomar un camino que atentará contra el cumplimiento de las acciones que se propongan”, comentó.
“Tan relevante como la eficacia de la propuesta que se lanza para enfrentar la pandemia es la legitimidad que esta tenga y eso se logra difundiendo y asegurándose de que la gente comprenda la medida y los factores que llamaron a tomar esas acciones”, finalizó.
