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Crédito: Agencia UNO
En una declaración enviada a El Mostrador, el abogado también descarta las versiones sobre su salida del CPLT, que apuntan a que optó por dar un paso al costado antes de serle comunicado un sumario en su contra.
El abogado Marcelo Drago explicó que su trabajo en el mundo privado tras presidir el Consejo para la Transparencia (CPLT) “se ajusta perfectamente a la actual legislación y a los estándares de ética pública”.
De acuerdo a un reportaje de El Mostrador publicado este lunes, una vez retirado del Consejo, Drago se incorporó a Magliona Abogados, el estudio que se dedica a hacer lobby en favor del gigante tecnológico Google, justo en momentos en que se debate el proyecto de Ley de Datos Personales, cuyo cumplimiento será de responsabilidad precisamente del CPLT.
En una declaración enviada a este medio, Drago explica que “me uní a una oficina de abogados especialista en temas tecnológicos, de propiedad intelectual y de protección de datos. Se ajusta perfectamente a la actual legislación y a los estándares de ética pública. Soy abogado, me fui a una oficina de abogados en temas de mi especialidad. Lo mismo sucedería si un ex Contralor General de la República se sumara a una oficina de abogados especialista en derecho administrativo. Es lo natural, junto con la academia, que también ejerzo”.
“Las oficinas de abogados representan clientes judicial y extrajudicialmente. Si lo hacen ante una autoridad del Estado que no sea judicial, debe hacerse bajo las reglas de la ley del lobby y dejar registro de la reunión. También las ONG, las Iglesias, las personas naturales, los gremios, los think tank, en la práctica cualquiera. De hecho, sólo el último año más de 50 mil personas o entidades quedaron registradas en una o más reuniones. Eso no cambia la oficina de abogados a oficina de lobby, ni es impedimento para que un abogado como yo se incorpore”, añade.
El abogado también descarta las versiones sobre su salida del CPLT, que apuntan a que optó por dar un paso al costado antes de serle comunicado un sumario en su contra.
“Las razones de mi renuncia al Consejo son bien conocidas, y de hecho a varios les consta que era una decisión tomada el año pasado. Es un absurdo, porque es materialmente imposible que estuviera motivada para evitar “un sumario”, sencillamente porque no es posible abrir un sumario en contra de un consejero, porque no tiene calidad de funcionario público”, añade la declaración.
