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Según la organización, hay cargos promovidos por el gobierno interino que son infundados o desproporcionados, cercenamiento de la libertad de expresión y un uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez abusa del sistema de Justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, acusado de cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas, asegura Human Rights Watch (HRW).
En un informe divulgado este viernes, la ONG pro derechos humanos documenta «casos promovidos por el Gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva».
Human Rights Watch también presenta «casos de abuso del sistema de Justicia contra opositores a Morales durante su gobierno» en el documento, de 53 páginas y titulado «La justicia como arma: Persecución política en Bolivia».
«Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado.
«Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno», añadió.
Según la ONG, la exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, «tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial», pero «su Gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo».
«Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos», agrega.
«En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales», concluyó Human Rights Watch, antes de añadir que a otras «se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet».
Bolivia irá a elecciones el 18 de octubre, un año después de los comicios anulados y tras varios aplazamientos debido a la pandemia del coronavirus.
