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Defensas de generales de Carabineros arremeten contra Contraloría: aseguran que sumario es «ilegal» y acusan «desviación de poder» PAÍS Crédito: ATON

Defensas de generales de Carabineros arremeten contra Contraloría: aseguran que sumario es «ilegal» y acusan «desviación de poder»

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Las defensas de Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; y Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; realizaron esta jornada su primera reacción pública al sumario de Contraloría, en la que se lamentan «que se hubiesen infringido las normas de reserva de ese tipo de acto administrativo, ya que sin haber sido notificados al menos dos Generales han tomado conocimiento de la formulación de cargos en su contra”.


Tres de los siete generales del Alto Mando de Carabineros ya definieron sus defensas a raíz del sumario reservado, realizado por la Fiscalía Institucional de Contraloría.

Se trata de Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; y Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, quienes ficharon a los abogados Sergio Rodríguez, Carlos Cortés y Jorge Martínez para realizar sus descargos.

Las defensas de Rodríguez y Bassaletti realizaron esta jornada su primera reacción pública al sumario de Contraloría, en la que se lamentan «que se hubiesen infringido las normas de reserva de ese tipo de acto administrativo, ya que sin haber sido notificados al menos dos Generales han tomado conocimiento de la formulación de cargos en su contra”.

“En cuanto al fondo de los cargos formulados por la CGR, debemos reiterar que el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hechos delictivos ocurridos desde el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública conocido por todos”, se lee en la declaración, difundida por el diario La Tercera.

“Desde este punto de vista, tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes”, agregan.

Por otro lado, también atacan a Contraloría, asegurando que «el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser ejercida de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como asimismo respetando los principios y garantías de todos los ciudadanos. Desde este punto de vista, resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al General Director de Carabineros de Chile, todo ello de acuerdo a la LOC que los regula y los reglamentos respectivos”.

“La CGR tampoco puede entrar a pronunciarse sobre el mérito o la legalidad de una decisión técnica en el uso de medios u personal empleados para el resguardo del orden público, siendo asuntos que quedan exclusivamente dentro del ámbito de acción y decisión de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Asimismo, del modo que se han formulado los cargos hasta ahora conocidos, se trata más bien de una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, lo que en caso alguno se encuentra dentro del campo de acción de la CGR, sino que a los organismos y personas que establece la Constitución, de los cuales dependen jerárquicamente los referidos Oficiales Generales”, explican.

En esa línea, los defensores plantean que Contraloría está levantando cargos administrativos en un tema donde no tiene competencia: “Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que en esta ‘arremetida’ de la CGR ha existido un problema serio de competencia y que podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder, ya que del tenor de los cargos conocidos, lo que se busca es la determinación de eventuales responsabilidad penales de los Oficiales Generales. Lo anterior es un asunto que se encuentra en conocimiento de los Tribunales de Justicia, por lo que de acuerdo a la LOC de la CGR debe abstenerse de conocer estas materias. Se trata, al parecer de los suscritos, de una infracción gravísima a la institucionalidad del país”.

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