PAÍS
Crédito: Aton
El abogado defensor del otrora hombre fuerte de la UDI, junto a los representantes de los otros acusados, envió una carta al jefe del Ministerio Público para adoptar las medidas procesales “para el enjuiciamiento diferenciado” de los acusados y así tener un juicio en “un plazo razonable”. La respuesta de Abbott se remitió a recordar que la fiscal a cargos del caso, Claudia Perivancich, ya cerró la puerta a esta petición.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, rechazó de plano la petición de los abogados de los acusados en el caso SQM, quienes intentaron infructuosamente separar los juicios, ad portas la audiencia de preparación del juicio oral de esta emblemática causa de corrupción en la política, programada para el 5 de octubre.
Según informa La Tercera, los defensores de Pablo Longueira (Alejandro Espinoza); del exgerente de la minera no metálica, Patricio Contesse (Samuel Donoso); del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (Octavio Sufán) y de su exasesor Cristián Warner (Carlos Mora y Ciro Colombara), entre otros, enviaron una carta a Abbott el 11 de septiembre pasado.
Los abogados sostienen que el juicio podría durar más de un año, por lo que pidieron que “el Ministerio Público adopte (…) las medidas procesales pertinentes para poder seriamente darle curso progresivo a la causa (…) y, de este modo, respetar principios elementos del debido proceso, como el derecho a juicio oral y ser juzgado en un plazo razonable”. Así, requirieron que “tome las medidas procesales necesarias para el enjuiciamiento diferenciado de nuestros representados».
En este caso, Longueira está imputado por cohecho, debido a los correos electrónicos que tuvo con Contesse, en las que abordaban el proyecto de ley sobre royalty minero en 2010. Si bien en su momento la Fiscalía lo imputó además por múltiples delitos tributarios, la investigación por este delito no prosperó dada la falta de acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos en contra del político UDI. Contesse, por su parte, está acusado de soborno y delitos tributarios, mientras los restantes involucrados enfrentan cargos también por temas tributarios.
Sin embargo, Abbott les respondió que “la investigación está a cargo de la fiscal regional de Valparaíso” Claudia Perivancich, quien ya había negado el pasado 8 de septiembre pasado la misma petición, bajo el argumento que dado que la causa se encuentra en “la fase procesal intermedia (…) el Ministerio Público carece de facultades parar agrupar o separar investigación, como sí lo autoriza el legislador en la etapa de investigación”.
Por eso, Abbott subraya que “vuestra petición ya ha sido resuelta por quien tiene competencia para pronunciarse al respecto, como es la fiscal regional de Valparaíso, quien de acuerdo a diversos fundamentos ha negado lugar a lo solicitado».
Cualquier modificación, como la que solicitan los representantes de los formalizados, debiera ser materia de resolución del Octavo Juzgado de Garantía durante el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral.
