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El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, descartó este «perdonazo», pues consideró que significaría «no valorar los recursos públicos». La molestia del Gobierno era doble, ya que de los 437 mil trabajadores, 37.100 eran funcionarios públicos. Por ello, es que el mismo viernes 2 de octubre Hacienda entregó los antecedentes a la Contraloría General de la República para que iniciara una investigación.
El Gobierno le dio un portazo a la idea propuesta por la diputada CS Gael Yeomans, quien pidió un «perdonazo» para los 437 mil trabajadores que habían recibido el Bono Clase Media de forma irregular.
Al respecto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, descartó este «perdonazo», pues consideró que significaría «no valorar los recursos públicos».
«Llama profundamente la atención que haya quienes hoy de oposición critiquen esta medida diciendo que es improvisada cuando ustedes mismos propusieron hacer esa declaración jurada (…) y esa declaración jurada parte desde la buena fe. Esa es la acción del Gobierno, partir de la buena fe para que sean las personas más vulnerables, más necesitadas en tiempo de pandemia, que pudieran acceder a este bono de clase media», explicó.
«Por supuesto que para nosotros es frustrante el darnos cuenta que hay 37 mil personas que pueden haber cometido una ilegalidad y digo pueden, no que la hayan cometido, que la pueden haber cometido, puede ser que algunos hayan cometido errores, puede ser que ellos puedan aportar antecedentes que los saquen de esa lista de esas personas que lo obtuvieron de manera irregular. Pero también sabemos que hay personas y especialmente funcionarios públicos que no han visto disminuida su remuneración ni tampoco perdidos los empleos», sostuvo.
Según Bellolio, «esta idea de perdonazo qué significa, significa no valorar los recursos públicos que tienen que estar disponibles a las personas más vulnerables del país de eso se trata. Aquellos diputados y diputadas que dicen que dan lo mismo estos 260 millones de dólares, yo les quiero decir que el fondo de vacunas covid son 250 millones de dólares. Este Gobierno sí está comprometido con que cada peso que se gaste tiene que hacerse de manera correcta, cada fondo que se entrega tiene que ser entregado de manera correcta, no me imagino como serían ellos si gobernaran si es que creen que da exactamente lo mismo que alguien obtenga un beneficio de manera irregular».
«Nosotros quisiéramos que ninguna persona lo hubiera obtenido de manera irregular, por tanto, no puede haber ese perdonazo, significa que simplemente no se cree en el valor ético sobre el buen uso de los recursos públicos», finalizó.
La molestia del Gobierno era doble, ya que de los 437 mil trabajadores, 37.100 eran funcionarios públicos. Por ello, es que el mismo viernes 2 de octubre Hacienda entregó los antecedentes a la Contraloría General de la República para que iniciara una investigación.
Según publica el diario La Tercera, dado el volumen de funcionarios, la fórmula más eficiente para investigar los hechos es que las distintas reparticiones lleven a cabo procedimientos administrativos internos. Estos sumarios serán llevados a Contraloría, quienes definirán las sanciones.
Los funcionarios públicos que hayan cobrado bono irregularmente faltan al principio de probidad y arriesgan una pena que va desde una sanción hasta la destitución. Todo dependerá del caso a caso que se resuelva en la investigación.
