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Crédito: Aton
La ONG presentó hoy el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, en donde apunta al director general de Carabineros, Mario Rozas así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez por “permitir” que se cometieran violaciones a los derechos humanos en la ola de protestas que se inició en Chile el 18 de octubre de 2019.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, lamentó que el informe de Amnistía Internacional (AI) «realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial».
La ONG presentó hoy el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, en donde apunta al director general de Carabineros, Mario Rozas así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez por “permitir” que se cometieran violaciones a los derechos humanos en la ola de protestas que se inició en Chile el 18 de octubre de 2019.
En un comunicado, la cartera de Justicia señaló que «el Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance».
«La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes», dice la declaración pública.
Además, señalan que el Gobierno «hace presente que el informe de AI no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de cinco mil funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
Critican además que el informe de AI «no recoge el trabajo ya realizado por el Gobierno para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni la labor realizada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, ni de la Defensoría Penal Pública para fortalecer el resguardo de los derechos humanos».
