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Crédito: Aton
El artículo sostiene que los sectores políticos que apoyan la creación de una nueva Constitución «presionarán por la creación de nuevos derechos sociales, como el derecho a la vivienda. Algunos temen que todo esto obligue al Gobierno a gastar dinero que no tiene. La autonomía del Banco Central, que ha ayudado a mantener baja la inflación, podría verse debilitada».
«El trascendental plebiscito de Chile sobre su Constitución». Ese es el nombre de la columna que publicó este viernes el diario británico The Economist respecto al plebiscito del próximo domingo. El reconocido medio de comunicación señaló que una nueva Carta Fundamental haría que el país se vuelva «más socialdemócrata».
La columna en cuestión señala que «un año después del estallido de enormes protestas en las que murieron al menos 30 personas, los chilenos volvieron a reunirse. La combinación de civilidad masiva y caos minoritario era familiar».
«La pandemia ha contenido en gran medida este tipo de protestas. Pero se supone que una solución más duradera provendrá de un Plebiscito, que se celebrará el 25 de octubre, sobre si Chile debería desechar su Constitución y redactar una nueva», dice el artículo.
Señala además que el problema de la actual Constitución inicia «con sus orígenes. Adoptada en 1980, es obra del régimen de Augusto Pinochet, un déspota que gobernó hasta 1990. Aunque reconocía las libertades básicas, un estado de emergencia las suspendió hasta los últimos días».
«La economía ha crecido rápidamente, la pobreza se ha reducido drásticamente y la política se ha mantenido estable. Pero la ira que estalló el año pasado se ha estado acumulando durante más de una década. Los chilenos están furiosos por la atención médica de dos niveles, que sirve a los ricos mejor que a la gente común, sobre la mala calidad de las escuelas públicas y sobre las pensiones de gestión privada, que pagan menos de lo que muchas personas esperaban», dice.
Ante estos problemas, la columna de The Economist señala que los chilenos «culpan en gran medida a la Constitución. Al dar a los ciudadanos la opción de contribuir al sistema de atención médica pública o privada, la Carta dificulta que el Estado establezca un sistema de atención financiado por los contribuyentes como el sistema británico».
Posteriormente, la columna sostiene que «puede haber más margen para plebiscitos. Es probable que cualquier nueva Constitución haga a Chile más socialdemócrata. Los defensores de la nueva carta quieren introducir la idea de ‘igualdad de oportunidades’, que en términos chilenos significa hacer que mejores servicios públicos sean asequibles para todos».
El artículo sostiene que los sectores políticos que apoyan la creación de una nueva Constitución «presionarán por la creación de nuevos derechos sociales, como el derecho a la vivienda. Algunos temen que todo esto obligue al Gobierno a gastar dinero que no tiene. La autonomía del Banco Central, que ha ayudado a mantener baja la inflación, podría verse debilitada».
«Estos riesgos se ven agravados por el calendario electoral. La asamblea, que se elegirá el próximo mes de abril, deliberará mientras el país celebra elecciones presidenciales y legislativas el próximo noviembre. Las promesas de campaña influirán en los redactores», agregan.
La columna apunta también que «si los chilenos no logran reescribir su Constitución ahora, el radicalismo podría crecer».
Sobre la columna de The Economist, el ministro de Hacienda Ignacio Briones sostuvo que ha estado en contacto con inversionistas extranjeros que «valoran y subrayan que este es un proceso institucional».
Briones señaló que «se ancla en nuestro aparataje, nuestro proceso institucional y robusto, que se anclan reglas conocidas, la regla de los dos tercios es un elemento muy importante y ellos lo reconocen como tal y, en consecuencia, que trae incertidumbre, pero que abre en el periodo de discusión en caso de que gane la opción Apruebo, y también valoran o ven la posibilidad de que esto derive en un espacio donde las reglas del juego estén claras durante los próximo 30 a 40 años, que es lo propio de una Constitución».
