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Crédito: Aton
Al respecto, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual sostuvo que «los delitos vinculados al estallido social tienen una regulación especial. Su gravedad o no puede ser discutible. Algunos de ellos, como los de la Ley de Control de Armas, tienen reglas que no permiten, por ejemplo, que las personas puedan cumplir en libertad».
La Defensoría Penal Pública (DPP) reveló el grueso de los delitos cometidos entre el 15 y el 31 de octubre de 2020, analizados en 936 audiencias de control de detención.
Las cifras fueron consignadas por La Tercera y revelan que la mayoría de los delitos fueron robo en lugar no habitado (362), seguido por desórdenes públicos (218), maltrato a carabinero (92), porte de municiones (53), interrupción del tránsito con violencia (52), tenencia de armas (48) y saqueos (47).
Del total de casos, los tribunales han dictado prisión preventiva en 157 ocasiones, equivalente a 16,8%.
En el mismo periodo, se registraron 8.104 audiencias de control de detención. En un 8,1% de ellas, se decretó la medida de prisión preventiva.
Con estas cifras, la DPP concluyó que el porcentaje de prisiones preventivas dictadas por delitos relacionados al estallido social, es el doble de lo registrado si se consideran los ilícitos en general.
Al respecto, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual sostuvo que «los delitos vinculados al estallido social tienen una regulación especial. Su gravedad o no puede ser discutible. Algunos de ellos, como los de la Ley de Control de Armas, tienen reglas que no permiten, por ejemplo, que las personas puedan cumplir en libertad».
También explicó que entre estos ilícitos relacionados a las protestas durante el estallido, se incluyeron el saqueo y las barricadas, que con las modificaciones realizadas a la ley «encuadran mejor en una eventual aplicación de la prisión preventiva», y en ese sentido, señaló que existen más probabilidades que por estos crímenes, las personas queden con la medida cautelar más grave.
De acuerdo al citado medio, el 15 de octubre se empezaron a desplegar presencialmente en gran parte de las comisarías del país para representar a los detenidos. Hasta ahora 766 personas han sido atendidas de esta forma.
