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Crédito: ATON
Entre los antecedentes para justificar esta demanda, se incluyen 13 casos de vulneraciones a menores de edad, como los mencionados niños baleados por Carabineros en Talcahuano.
La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee) presentarán este sábado una demanda contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la represión a menores de edad, por el caso de los jóvenes del hogar Carlos Macera, ligado al Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano, además de otros hechos ocurridos en La Araucanía y otros centros del Sename.
Entre los antecedentes para justificar esta demanda, se incluyen 13 casos de vulneraciones a menores de edad, como los mencionados niños baleados por Carabineros en Talcahuano.
«En los relatos transcritos a modo ejemplar, se entrecruzan dos graves lógicas de vulneración sistemática de los derechos humanos presentes en Chile: la de la violencia represiva que se ha instrumentado contra la población civil desde el gobierno para contener la protesta social -que se ha traducido en más de ocho mil hechos de violaciones a los derechos humanos registrados hasta la fecha- y, la lógica de violencia, desprotección y desconocimientos de derechos de nuestra infancia que nos afecta como sociedad», indican.
«En lo referido a la lógica represiva, ya resulta claro que existe instalada una doctrina institucional en las fuerzas policiales, de atacar y sofocar con la fuerza toda manifestación de protesta de los más desposeídos, en cualquier ámbito, dañando a sus participantes, con todas las secuelas de violaciones a los derechos humanos que esto trae consigo. Esa doctrina fue alentada por el actual Alto Mando y el Poder Político. Recordemos los dichos del propio exdirector General de Carabineros Mario Rozas sobre ninguna sanción a sus hombres por los hechos de represión en la Revuelta del 18 de octubre», agregan.
«Al revés de lo que parece opinar el Ministro del Interior y el Presidente de la Republica, no hay que aclarar ninguna circunstancia particular para establecer si hubo abuso o exceso de la función policial en el baleo a dos niños en el Centro de SENAME, sino que sincerar que lo ocurrido es la consecuencia directa de la políticas e instrucciones con que el Gobierno ha enfrentado el descontento de Chile y que se ha ensañado con la Niñez y Adolescencia», explican.
En razón de lo anteriormente expuesto y «antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, solicitamos al comité que este estudie con urgencia, la viabilidad de adoptar las siguientes medidas provisionales necesarias, para evitar posibles daños irreparables a la víctimas de la vulneración de la CDN: proceder a la revisión de todos los protocolos del SENAME , como asimismo los protocolos de Carabineros de Chile sobre actuación con NNA».
Para eso, piden «nombrar una comisión de expertos a fin de que se constituyan en nuestro país para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos señalados precedentemente y una serie de recomendaciones que el propio Comité entregó al Estado chileno, orientadas a fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de los procedimientos policiales. Entre dichas recomendaciones se encontraban: Velar por que la privación de libertad sea una medida impuesta como último recurso, Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que toda persona de menos de 18 años que sea privada de libertad esté separada de los reclusos adultos, Establecer un sistema independiente adaptado al NNA y accesible para la recepción y la tramitación de las denuncias de menores e investigue, procese y sancione las infracciones cometidas por los agentes del orden y los guardias de prisión, velar por que los niños privados de libertad se mantengan en contacto regular con sus familias mientras estén en el sistema de justicia de menores, en particular, notificando de inmediato a los padres su detención; Impartir formación sobre los derechos y necesidades especiales de los niños a los agentes del orden, el personal penitenciario, los jueces, los abogados, los fiscales, los defensores públicos, el personal de salud, los asistentes sociales y otros que la requieran y Velar por que los jóvenes indígenas no sean víctimas de malos tratos a manos de la policía y adoptar medidas preventivas y correctivas en los casos de presuntos malos tratos».
«Con todo, solicitamos que el Comité instruya al Estado chileno que adopte todas y cada una de las medidas de protección necesarias para garantizar que las personas sujetas a su jurisdicción, tanto los solicitantes, como las víctimas de esta presentación, no seamos objeto de ninguna vulneración de sus derechos humanos, maltrato o intimidación como consecuencia de haberse comunicado o cooperado con dicho organismo internacional», añaden.
