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Crédito: ATON
La presidenta de la Fenadaj, Claudia Fachinetti, protestó por no haber sido considerados en el trabajo de la iniciativa, pese a las insistencias y dijo que hasta la fecha las autoridades del ministerio “no han querido darnos a conocer el proyecto siendo que atendemos a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a más de dos mil trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) salió al paso del proyecto de ley con que el Presidente Sebastián Piñera crea un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos, advirtiendo que “sin financiamiento y ni condiciones laborales es letra muerta”.
Los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), que cada año atienden en 368 centros a más de 660 mil víctimas de delitos que no pueden pagar abogados en lo penal, laboral, familiar e infancia, acusan que “el Ministerio de Justicia y DDHH trabajó este proyecto a espalda de los trabajadores”.
La presidenta de la Fenadaj, Claudia Fachinetti, protestó por no haber sido considerados en el trabajo de la iniciativa, pese a las insistencias y dijo que hasta la fecha las autoridades del ministerio “no han querido darnos a conocer el proyecto siendo que atendemos a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”.
El proyecto de Gobierno busca unificar el trabajo realizado hasta ahora desde la cartera de Justicia, con las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, sus programas Mi Abogado, especializado en niñxs y adolescentes y la Defensa del Adulto Mayor, y del Ministerio del Interior, con otro Programa de Apoyo a Víctimas.
De acuerdo a los trabajadores, las CAJs tienen un presupuesto de menos de $48 mil millones anuales (U$ 68 millones), “lo que significa que cada atención cuenta apenas con un presupuesto promedio de $72.000 (U$ 102) anuales por víctima, muchas de estas multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto”.
Por eso señalan que “un proyecto que no cuente con el financiamiento ni garantice condiciones dignas de trabajo es sólo una declaración de buenas intenciones que no asegura su concreción en la práctica. Es letra muerta”.
