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Entre las víctimas, se cuentan 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Además, la oficina, dirigida globalmente por la expresidenta Michelle Bachelet, aún está verificando otras cinco posibles masacres.
En 2020 se documentaron 76 masacres en Colombia, en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según desveló este martes (23.02.2021) la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe anual.
Entre las víctimas, se cuentan 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Además, la oficina, dirigida globalmente por la expresidenta Michelle Bachelet, aún está verificando otras cinco posibles masacres.
«Desde el 2018, el número de masacres (se) ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», dijo la representante en Colombia del ACNUDH, Juliette de Rivero, en una rueda de prensa virtual.
Este aumento de la violencia afectó especialmente a territorios y comunidades rurales, precisó Rivero. Además, su oficina documentó 248 homicidios de excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz de 2016, así como 795 amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, que continúan en estado de vulnerabilidad e indefensión, afirmó la representante de la ONU.
De Rivero se mostró además preocupada por los ataques de fuerzas oficialistas contra el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto.
«Preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones (…) poniéndolas en riesgo», manifestó en la presentación del informe que llevará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
En particular, la representante criticó una iniciativa del partido de derecha Centro Democrático para abolir la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), surgida de los acuerdos que llevaron al desarme de la guerrilla FARC en 2016: «Constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación», enfatizó de Rivero.
Hasta la fecha el tribunal no emitido ninguna condena, pero ha inculpado a ocho exjefes de la guerrilla por más de 21.000 secuestros y recientemente reveló la escalofriante cifra de 6.400 civiles ejecutados por militares bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder natural del partido en el poder.
Las víctimas eran presentadas como caídas en combate para inflar los resultados en la lucha contra los rebeldes izquierdistas. Uribe negó que hubiera instigado a las tropas a «violar la ley» cuando les exigía «eficiencia» y calificó al informe de la JEP como un «atropello».
El tribunal, que no tiene autoridad para juzgar a expresidentes ni a militares que no se sometan voluntariamente, podrá imponer penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas o sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes incumplan esos compromisos.
Aunque el histórico pacto con las FARC redujo la violencia política, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. Disidencias de las FARC, la guerrilla ELN y bandas herederas del paramilitarismo de ultraderecha se disputan en la actualidad las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
