PAÍS
Crédito: ATON
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) contra el Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel y el ex general director de Carabineros Mario Rozas. Pero no los individualizó en la resolución.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) contra el Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel y el ex general director de Carabineros Mario Rozas, en la que se les acusa de responsables de delitos de lesa humanidad durante el estallido social.
Si bien desde la Cchdh valoraron la decisión del tribunal, criticaron la parte final de su resolución, ya que rechaza que la acción judicial fuera dirigida en contra de los mencionados, sino que hace referencia a «todos los que resulten responsables».
«Sin perjuicio de no compartir, por ahora, la legitimación pasiva que alude la querella interpuesta respecto del Presidente de la República, don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, del exministro del Interior y Seguridad pública don Gonzalo Fernando Blumel Mac Iver y exgeneral director de Carabineros de Chile don Mario Alberto Rozas Córdova, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en cuanto a los ilícitos que se mencionan en la querella, se resuelve (…): se admite a tramitación la querella interpuesta en contra de todos los que resulten responsables», indica la resolución, según indica el diario La Tercera.
Piñera y las otras dos ex autoridades son acusados por delitos de «mutilación y/o lesiones graves gravísimas», ya sea en calidad de autores, cómplices y/o encubridores, por el caso de un manifestante que el 20 de marzo pasado resultó lesionado por la acción de un carro lanza aguas en el centro de Santiago.
Carlos Margotta, presidente de la Cchdh, dijo al citado medio que «es una resolución equivocada, pero no quisimos presentar un recurso de reposición, porque es una materia que se tiene que investigar».
Desde el Gobierno también reaccionaron. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, valoró que «el tribunal es claro en distinguir entre una acción penal y una acción política. Hay que saber quién es la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que tiene un claro propósito político, y lo que busca en este caso es dañar políticamente a las autoridades».
