CULTURA
Crédito: Aton
Para los denunciantes, uno de los temas centrales es que el decreto afecta el principio de progresividad en materia de derechos humanos, lo que implica un retroceso en el ejercicio del derecho lingüístico en el sistema educativo, porque deja a criterio de los apoderados el aprendizaje de la lengua, y el Ministerio de Educación se desvincula de promover política pública en esta materia.
Organizaciones por los derechos lingüísticos de naciones originarias hicieron entrega formal del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue declarado admisible, interpuesto en contra del presidente de la república, Sebastián Piñera, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República, ante el decreto ministerial que modifica estatus de la asignatura de Lengua Indígena de obligatorio a optativo, condicionándolo al consentimiento de los apoderados.
Entre las personas que respaldan este recurso de protección se encuentra Elisa Loncon Antileo, investigadora y doctora en lingüística, quien expresó que «estamos frente a una nueva muestra de discriminación institucional».
“El racismo y el colonialismo son parte de la agenda neoliberal de este gobierno. El trabajo que hemos desarrollado durante décadas los quieren borrar con un decreto”, señaló la candidata a constituyente por escaños reservados, según un comunicado.
Esta acción convocó a organizaciones mapuche, quechua y aymara, quienes adhirieron al recurso.
Jeannete Pacheco Campos, miembro de la Asociación Aymara Quechua Jac’ha Marka, expresa que estamos frente a un «lingüicidio».
“¿Cómo es posible que nos imponga la enseñanza de lenguas extranjeras y nosotros que estamos presentes hace miles de años no se nos da prioridad?», se preguntó. «El Estado merma la posibilidades de revitalizar nuestras culturas y nuestras lenguas”, comentó la educadora quechua.
Uno de los temas centrales es que el decreto afecta el principio de progresividad en materia de derechos humanos, lo que implica un retroceso en el ejercicio del derecho lingüístico en el sistema educativo, porque deja a criterio de los apoderados el aprendizaje de la lengua; y el Ministerio de Educación se desvincula de promover política pública en esta materia.
El recurso de protección en defensa de la la Asignatura de Lengua Indígena admitido en la Corte de Apelaciones de Santiago, exige al Presidente, al Ministerio y a Contraloría, entregar todos los antecedentes de la consulta y el decreto en un plazo de 5 días hábiles.
Juan Pablo Arrué, miembro de la Cooperativa Jurídica Inkachefewen, explica que, «nos encontramos no solo ante vulneraciones de derechos fundamentales, sino ante un abandono y un apartamiento por parte del Estado de sus obligaciones contraídas por en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, establecidas en la La Ley Indígena 19.253 y en el Convenio 169 de la OIT”.
Para los denunciantes, la promulgación y publicación del Decreto N° 97 del Ministerio de Educación publicado en el Diario Oficial con fecha 9 de febrero de 2021, materializa las vulneraciones de derechos fundamentales de los educadores tradicionales que imparten la asignatura de lengua indígena, al dejar en rango optativo y a criterio de los apoderados la enseñanza de las lenguas maternas.
Para ellos, en primer lugar, este Decreto afecta el principio de progresividad en materia de derechoshumanos. Implica un retroceso en el ejercicio del derecho lingüístico en el sistema educativo, porque deja a criterio de los apoderados el aprendizaje de la lengua; en vez de que el Ministerio de Educación lo imparta como política pública.
En segundo lugar, a su juicio, la acción también vulnera los Derechos fundamentales respecto a la igualdad ante la Ley; el Derecho a la Educación y a la libertad de enseñanza.
En tercer lugar, «el decreto también vulnera la normativa jurídica nacional e internacional, entre ellas lo establecido en la Ley Indígena (19.253) que establece la protección a las lenguas y culturas indígenas y el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho a consulta y esta resolución del Ministerio de Educación, no tiene consentimiento de los pueblos. Por tanto la Consulta también vulnera el principio
de buena fe y ni siquiera considera la etapa V de la Consulta sobre ‘Publicación de los resultados'».
Finalmente, «el retroceso en el ejercicio del derecho lingüístico y cultural de las nacional originarias, perjudica a todos los pueblos y a todas las personas de las diversas generaciones, porque no se está protegiendo a las lenguas y no se está fortaleciendo a la comunidad lingüística de hablantes; si no hay comunidad lingüística, los hablantes no tienen garantizado el uso de su idioma, lo que lleva la consecuencia del desplazamiento y pérdida de las lenguas, hoy amenazadas por políticas genocidas como ésta».
Los denunciantes agradecieron el apoyo de la Cooperativa Jurídica de abogados “Inkachefewen”, que contribuyó a la redacción del recurso y también a todas las organizaciones y educadores/as que se sumaron a respaldarlo.
«Las lenguas son las portadoras de la cultura de nuestros pueblos, por lo tanto debemos defenderlas del racismo y el colonialismo institucional», concluyeron.
Suscriben a este recurso las y los siguientes educadores/as:
1 – Elisa Loncon Antileo ,Educadora de Lengua y Cultura Indígena
2 – Marcela Llancamán Carvajal, Educadora de Lengua y Cultura Indígena
3 – Valeska Gálvez Huinca, Educadora de Lengua y Cultura Indígena
4 – Orietta Curihuentro Catalán, Educadora de Lengua y Cultura Indígena
5 – Eulogio Robles Valenzuela, Educador Lengua y Cultura Indígena
6 – Yanira Momberg Huenupe, Educadora de Lengua y Cultura Indígena
7 – Ana Melián Antilef, Educadora de Lengua y Cultura Indígena
Suscriben a este recurso las siguientes Asociaciones:
1. Asociación Mapuche Witrapürran, Villa Alemana
2. Asociación Mapuche Kiñe pu Liwen, La Pintana
3. Asociación Mapuche Antümapü, Quilpué
4. Asociacion Aymara Quechua Jac’ha Marka
