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Arlene Foster dio un paso al costado luego de que un grupo de parlamentarios expresara dudas sobre su liderazgo. Las tensiones en la región empeoran el escenario.
La ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, anunció este miércoles (28.04.2021) su renuncia, víctima de una rebelión interna en su partido vinculada a las consecuencias del «brexit” sobre la provincia británica. Su salida del cargo está prevista para fines de junio, mientras que el próximo 28 de mayo dejará de ser la líder del Partido Democrático Unionista (DUP).
«Es importante dar espacio a los responsables del partido para que en las próximas semanas organicen un proceso para elegir al líder», declaró Foster a través de un comunicado. «En cuanto sea elegido, trabajaré con el nuevo líder sobre la preparación de la transición», precisó la dirigente, de 50 años y partidaria de mantener la unión entre Irlanda del Norte y Reino Unido.
Durante las negociaciones sobre el «brexit”, Foster jugó un destacado papel gracias a la posición estratégica del DUP en el Parlamento de Londres, donde la formación garantizaba una frágil mayoría en el gobierno de Theresa May. El DUP defendía una clara separación de la UE. Sin embargo, tras la aplastante victoria de los conservadores de Boris Johnson en las legislativas de 2019, el DUP perdió influencia y no pudo hacerse oír en las cuestiones que afectaban a su región.
La caída de Foster, la primera mujer en dirigir el DUP, fue causada por la rebelión de una veintena de diputados regionales y cuatro parlamentarios nacionales del partido, mayoritario en Irlanda del Norte, que firmaron una moción de censura contra su líder. Su renuncia coincide con un periodo difícil para la región, donde el «brexit” reavivó las tensiones comunitarias que dieron lugar a los «Troubles», las tres décadas de violencia entre católicos partidarios de la reunificación con Irlanda y protestantes, favorables a la corona británica.
Entre los motivos del descontento de la comunidad protestante-unionista con el liderazgo de Foster destaca el asunto del protocolo norirlandés, incluido en el acuerdo del «brexit” para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas, clave para sus economías, altamente interconectadas, y para el proceso de paz. A cambio, este mecanismo impone controles comerciales fronterizos entre Irlanda del Norte, integrada en el mercado único comunitario, y el resto del Reino Unido, lo que es percibido como una amenaza a la integridad territorial por parte de los unionistas.
Esta nueva burocracia ha provocado también problemas de suministro de ciertos productos y ha acentuado el malestar de los sectores más radicales de los protestantes norirlandeses leales a la Corona británica, lo que ha desembocado en enfrentamientos con la Policía y la comunidad nacionalista-católica.
