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“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, señalaron a través de una declaración.
Ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el exjuez Baltazar Garzón presentaron una denuncia contra el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, “por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad” desde el estallido social hasta la fecha.
“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, señala la declaración del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta Trincado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), representada por Vanessa Ramos.
La declaración subraya que “los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009”.
Los firmantes acusan además un “grave incumplimiento” del Gobierno a las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH formuló en el mes de diciembre de 2019” a Chile y enfatiza que “los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos”.
Los firmantes también ponen el foco en la “asimétrica respuesta de los tribunales de justicia, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha”.
Asimismo, acusaron una “omisión” del Ministerio Público “de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia”.
