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Crédito: ATON
La querella, presentada por el abogado Eduardo Waghorn en representación de Rodolfo Guerra Quijada y su familia, asegura que la muestra que se toma en el país a través de un examen PCR para detectar el virus no sería sometida a análisis y solo se trataría de “una toma de muestra errática, carente de toda precisión, la que no resiste ningún análisis científico y constituye un verdadero fraude que ha ocasionado sufrimiento, incomodidades, molestia como mínimo a millones de habitantes de Chile”.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible este jueves la querella presentada contra el Presidente Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en la toma de muestras “fraudulentas” de exámenes PCR para detectar Covid-19.
La querella, presentada por el abogado Eduardo Waghorn en representación de Rodolfo Guerra Quijada y su familia, asegura que la muestra que se toma en el país a través de un examen PCR para detectar el virus no sería sometida a análisis y solo se trataría de “una toma de muestra errática, carente de toda precisión, la que no resiste ningún análisis científico y constituye un verdadero fraude que ha ocasionado sufrimiento, incomodidades, molestia como mínimo a millones de habitantes de Chile”.
En esa línea, el documento cita la Resolución Nº4 aprobada por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en la que autoriza recurrir a la adquisición de 1 millón de kits “para el telediagnóstico molecular de SARS-COV-2”.
En la querella se afirma que sólo se realiza la toma de muestra, la que no sería analizada posteriormente, argumentando que “un resultado positivo del test puede significar que la persona puede haber estado en contacto con el virus, pero no implica que esté infectado y menos aún que dicha persona sea infectante; es decir, que pueda contagiar a otra persona con el virus que porta”.
Por lo tanto, el libelo presentado ante la justicia apunta que “el haber diagnosticado como positivos a millones de personas sin tener total certeza de dicho diagnóstico, implica la total afectación de la integridad física y psíquica de mi representado, y evidentemente constituye la base de una serie de delitos que emanan directamente de esta Resolución y de muchísimas otras normas administrativas que integran la normativa sanitaria”.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
