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En un comunicado, Human Rights Watch acusó a los cuerpos de seguridad de Colombia de usar fuerza excesiva y a menudo brutal contra manifestantes durante las protestas que se realizan desde abril.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los «gravísimos abusos» cometidos por miembros de la policía nacional de Colombia contra manifestantes durante las protestas que se han llevado a cabo en ese país desde abril 2021.
En un comunicado emitido este miércoles, la organización de derechos humanos acusó a los cuerpos de seguridad de usar fuerza excesiva y a menudo brutal contra manifestantes «en su mayoría pacíficos» y aseguró que ha documentado numerosas muertes, golpizas violentas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
«Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco llamó al gobierno a implementar una «seria» reforma de la policía y «asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes».
El presidente de Colombia, Iván Duque, ya había anunciado el pasado 6 de junio una serie de reformas a la Policía Nacional y la modernización del Ministerio de Defensa -que gobierna a esa institución de seguridad.
No obstante, algunos políticos de oposición, como la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, dijeron que las reformas debían ser más profundas, tildando las medidas anunciadas de «algunas necesarias y otras cosméticas».
Los críticos del presidente Iván Duque dicen que algunas de sus reformas a la policía son «cosméticas». FUENTE DE LA IMAGEN: EPA
En eso coincidió el informe de Human Rights Watch, que indicó que las reformas propuestas no son suficientes para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos cometidos.
Destacó la necesidad de que haya una separación clara entre la policía y el Ministerio de Defensa (Fuerzas Armadas) que crear una institución de carácter civil y capacitada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa.
Para su informe, la ONG de derechos humanos, con base en Estados Unidos, dijo haber entrevistado a más de 150 personas -por teléfono o videoconferencia- en 25 ciudades de Colombia.
Estas incluían víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, grupos defensores de derechos humanos y varios funcionarios del gobierno incluyendo la vicepresidenta de la Nación, la canciller y el director de la policía.
De 68 denuncias de muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones, pudo confirmar que al menos 34 ocurrieron en el contexto de las protestas (incluyendo las de dos policías).
HRW dice haber obtenido evidencias creíbles, algunas corroboradas por videos, de que la policía mató con armas de fuego a por lo menos 16 manifestantes o transeúntes, muchos intencionalmente.
«Vidas robadas», la exposición que conmemora a las víctimas de la brutalidad policial durante las protestas en Colombia. FUENTE DE LA IMAGEN: GETTY IMAGES
También denunció golpizas y uso excesivo de la fuerza. Según el Ministerio de Defensa, por lo menos hubo 1.100 casos de personas que sufrieron lesiones, pero la ONG considera que la cifra es mayor, documentando 17 golpizas violentas cometidas por la policía, una de las cuales resultó en la muerte de Elvis Vivas, de 24 años.
Resaltó el reporte de la Defensoría del Pueblo que recibió quejas de dos casos de violación sexual por parte de uniformados, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal.
Pero el informe de HRW también condenó la violencia contra los agentes de la policía. Aunque aseguró que la mayoría de las manifestaciones se realizaron pacíficamente, reconoció que hubo una serie de actos graves contra el personal uniformado, incluyendo ataques con cocteles molotov, saqueos e incendios.
HRW también condenó los incendios, saqueos y ataques contra la policía perpetrados por manifestantes. FUENTE DE LA IMAGEN: GETTY IMAGES
El resultado, hasta el 2 de junio, es que más de 1.200 policías quedaron lesionados, al menos 192 de gravedad, dos muertos y siete hospitalizados, según los datos del Ministerio de Defensa.
Se mencionó además los bloqueos de calles y vías durante períodos prolongados por parte de los manifestantes que en algunos casos impidieron la distribución de alimentos y medicamentos o la circulación de ambulancias, que en un caso pudo haber evitado la muerte de una recién nacida en las cercanías de la ciudad de Cali.
Sin embargo, Vivanco fue enfático: «La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial«, señaló.
El informe de HRW elaboró una larga lista de recomendaciones que van dirigidas tanto al presidente Iván Duque, como al director de la Policía Nacional, al Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Al ejecutivo le pide tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, una revisión exhaustiva de protocolos y prácticas en el control de multitudes, brindar reparaciones a las víctimas de la violencia policial y convocar el comité creado para verificar detenciones durante las manifestaciones.
Entre las medidas que sugiere a los legisladores están la transferencia de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior (algo que piden los representantes de los manifestantes) o a un nuevo ministerio y reformar el Código Penal para garantizar las investigaciones independientes de casos de violencia perpetrada por policías contra civiles.
Una de las recomendaciones que hace HRW es separar a la policía de estar sujeta al Ministerio de Defensa. FUENTE DE LA IMAGEN: GETTY IMAGES
Esos procesos de investigación sobre los abusos cometidos durante protestas, la rendición de cuentas y creación de comités de verificación y monitoreo también se recomendaron a los otros entes del Estado.
A la Defensoría del Pueblo se le pidió asegurar un control «estricto, fuerte e intenso», sobre los abusos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), aumentar el monitoreo y la información pública y periódica de casos de violaciones a los derechos humanos.
