NUEVA CONSTITUCIÓN
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El convencional por el distrito 7 sostuvoque entre ese conjunto de personas que se encuentran en prisión preventiva, «hay seguramente situaciones muy disímiles y, por tanto, no procede que se las repruebe y condene a todas por igual, como hace un sector del país, ni que se las aplauda y absuelva a todas, como hace otro sector».
El constituyente Agustín Squella (Lista del Apruebo), se refirió a la situación de los presos del estallido social en la sesión de este jueves de la Convención Constitucional.
Al respecto, sostuvo que entre ese conjunto de personas que se encuentran en prisión preventiva, «hay seguramente situaciones muy disímiles y, por tanto, no procede que se las repruebe y condene a todas por igual, como hace un sector del país, ni que se las aplauda y absuelva a todas, como hace otro sector».
«Esas personas incurrieron seguramente en actos de muy distinta índole y gravedad y, a la vez, tienen probablemente una distinta situación en cuanto a sus antecedentes penales. No es lo mismo derribar una luminaria que incendiar una iglesia, una sede universitaria o el museo dedicado a la memoria una artista mayor como Violeta Parra; no es lo mismo instalar una barricada que destruir el negocio de un pequeño comerciante; no es lo mismo tener una conducta anterior irreprochable que registrar alguna causa previa y pendiente por algún delito grave», dijo el constituyente por el distrito 7.
El jurista, por otra parte, criticó que luego de casi dos años de los hechos posteriores al 18 de octubre de 2019, es «sorprendente» que no existan cifras oficiales respecto de cuántas personas se encuentran en prisión preventiva.
En esa línea, manifestó que «ha trascendido que la Corte Suprema está preparando un informe al respecto y espero que lo conozcamos pronto. No podemos continuar disponiendo en esto de apreciaciones contradictorias que provienen de distintos organismos oficiales como Ministerio del Interior, Fiscalía Nacional, Defensoría Penal Pública, e Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta situación no es compatible con un Estado de Derecho. Necesitamos saber con certeza cuántos son, quiénes son, y por qué actos se encuentra privado de libertad cada uno de ellos».
«Si la Corte Suprema entregará próximamente un informe que aclara cuantos presos hay hoy por actos en protestas sociales, quienes son exactamente, por qué están siendo juzgados y si cada uno de ellos tiene o no antecedentes penales que agraven su situación, ¿por qué no esperar a que ese informe sea público y que sea en ese momento que la Convención Constitucional emita un pronunciamiento sobre la materia?», cuestionó el convencional.
Por último, propuso que «quienes fueron privados de libertad por largo tiempo con motivo de las protestas sociales y fueron luego liberados sin cargos, deberían ser indemnizados por el Estado de Chile», y en el caso de esas personas que estén «privados de libertad en recintos carcelarios, fiscales, jueces y defensores deberían considerar el cambio de la prisión preventiva por alguna otra medida cautelar –firma semanal, arresto domiciliario, por ejemplo-, sin perjuicio de que, como es obvio, las investigaciones no concluidas sigan en cada caso adelante y tengan un pronto cierre, manteniéndose la prisión preventiva solo para aquellas situaciones especialmente graves y debidamente justificadas, como podría ser el caso de algún homicidio frustrado, por ejemplo».
