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En una declaración de 11 carillas, el Mandatario indicó que decretó el estado de emergencia debido a los hechos de violencia, por lo que su responsabilidad era resguardar el orden público y el respeto a los derechos humanos. Sobre su declaración del 20 octubre en la que señaló que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso», dijo que no fue conversada con otras personas y con ningún equipo comunicacional o político. «Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno».
El 19 de julio pasado, el Presidente Sebastián Piñera declaró ante el Ministerio Público en el marco de la causa por posibles violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
En una declaración de 11 carillas a la que tuvo acceso La Tercera, el Mandatario indicó que decretó el estado de emergencia debido a los hechos de violencia, por lo que su responsabilidad era resguardar el orden público y el respeto a los derechos humanos.
«Cuando ocurren los hechos del 18 de octubre y conocemos una violencia inusitada en las calles, que provoca la superación de las fuerzas de orden público, tomo la decisión de adoptar el estado de emergencia constitucional. Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos», señaló.
Sobre su declaración del 20 octubre en la que señaló que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso», dijo que no fue conversada con otras personas y con ningún equipo comunicacional o político. «Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir».
«Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos», agregó.
También señaló que «teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS) no incluía la parte operativa. Es una dependencia en los aspectos administrativos y de objetivos. Por tanto, la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al Gobierno».
Por otra parte, explicó que la versión de una eventual intervención extranjera vino del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina: «Habían antecedentes (..)donde se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía».
