MUNDO|OPINIÓN
Crédito: EFE
El régimen democrático peruano entra al Bicentenario de la República en medio de la prueba de estrés más compleja registrada en los últimos 20 años. Así como ocurre con los pacientes cardíacos, los sistemas financieros o en una planta nuclear, las pruebas de estrés tienen como propósito medir el nivel de presión que cualquiera de estos puede soportar ante escenarios adversos. Lamentablemente, lo que debiera ser el camino entre el final de una etapa y el comienzo de otra se ha convertido en un tedioso tránsito infestado de baches que amenaza todavía con hacernos tropezar y caer al precipicio de la precariedad y el colapso institucional.
El 28 de julio, Pedro Castillo Terrones, profesor de escuela primaria y dirigente sindical de origen andino, se colocó la banda presidencial tras largos 43 días que han dividido al país en una amarga disputa que ha puesto en agenda la única propuesta de gobierno consistente durante toda la campaña del candidato de izquierdas: convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo de reemplazar a la Constitución vigente, promulgada en 1993.
Los caminos hacia una nueva Constitución no están delimitados por la Carta Magna vigente, sino solamente las reformas parciales, que, de por sí, deben ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas por dos tercios de los votos en el Parlamento, es decir, 86 votos. En tal sentido, los malabares del presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, líder del Partido Perú Libre, tendrían que sostenerse en la movilización popular a través de una consulta popular o referéndum que condicione al Congreso a revisar la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.
[cita tipo=»destaque»]En el mejor de los casos, el flamante gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre navegará en un contexto de severa crisis económica y sanitaria con la mira puesta en un proceso político que entrampará al país en discusiones bizantinas durante dos o tres años. En el peor de los casos, el conflicto entre el oficialismo y la oposición podría terminar en colisión, ya sea con la vacancia de Pedro Castillo o con una suerte de putsch irregular y potencialmente autoritario hacia una Asamblea Constituyente que no respete la vigente regulación constitucional sobre la materia. Lo ideal, aunque improbable, es que el presidente Castillo entienda la urgente necesidad por desenredar la sobrecogedora circunstancia que nos ha llevado a este colapso económico y a cerca de 200,000 muertos por el SARS-CoV2 y se aboque a ello con sentido del deber y visión de largo plazo.[/cita]
El pasado 26 de julio se eligió a la Mesa Directiva del Congreso de la República para el ejercicio parlamentario 2021-2022. En principio se presentaron tres listas, una oficialista en alianza con dos agrupaciones políticas y una congresista no agrupada, y dos listas de oposición. En el Perú, país imaginado por Kafka, el absurdo es la norma, y por eso, la lista oficialista quedó fuera de la contienda por un craso error administrativo, ya que no son admisibles a elección las listas que cuenten con congresistas no agrupados. Por ello, las listas opositoras solicitaron la inadmisibilidad de la lista oficialista y, en votación a mano alzada, obtuvieron su primera victoria política al evitar la inscripción de la lista oficialista para la elección de Mesa Directiva.
Más allá de lo anecdótico, el incidente evidencia una fundamental desorganización y desconocimiento de la facción parlamentaria oficialista que siembra dudas sobre la capacidad de generar una corriente política organizada con el objetivo de promover una Asamblea Constituyente. Asimismo, la oposición adquiere una posición de ventaja que, utilizada irresponsablemente, puede llevar al país a escenarios de vacancia precipitada sin que se hayan consolidado argumentos de indubitable incapacidad moral.
En el mejor de los casos, el flamante gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre navegará en un contexto de severa crisis económica y sanitaria con la mira puesta en un proceso político que entrampará al país en discusiones bizantinas durante dos o tres años. En el peor de los casos, el conflicto entre el oficialismo y la oposición podría terminar en colisión, ya sea con la vacancia de Pedro Castillo o con una suerte de putsch irregular y potencialmente autoritario hacia una Asamblea Constituyente que no respete la vigente regulación constitucional sobre la materia. Lo ideal, aunque improbable, es que el presidente Castillo entienda la urgente necesidad por desenredar la sobrecogedora circunstancia que nos ha llevado a este colapso económico y a cerca de 200,000 muertos por el SARS-CoV2 y se aboque a ello con sentido del deber y visión de largo plazo.
El Bicentenario de la República se vive con ánimo anticlimático y de pesar. Es penoso percibir en el ánimo colectivo la incertidumbre y desasosiego que han dejado como colofón estos 18 meses pandémicos y de crisis electoral. Quizá se repite, circularmente, el desamparo que los peruanos pudieron sentir en los albores de la República, allá por 1821, cuando se eligió perseguir ese sueño soberano que exige la capacidad de autogobierno.
No obstante, esta crisis puede ser también una nueva oportunidad. Esta puede ser la posibilidad de demostrar que, parafraseando al poeta César Moro, en el Perú no solo se cuecen habas, sino que, recordando al historiador Jorge Basadre, “problema es, en efecto y por desgracia el Perú, pero también, felizmente, posibilidad”.
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Álvaro Zapatel es economista y profesor adjunto en el Instituto de Empresa de Madrid. Fue consultor en Práctica Global de Educación del Banco Mundial. Máster en Administración Pública por la Universidad de Princeton.
