CULTURA
Crédito: Aton
Un grupo de expertos indagaron –con un enfoque metodológico cualitativo de estudios de caso– en la defensa jurídica y política del territorio ante sendos conflictos. El resultado de la investigación realizada por la investigadora Sarah Kelly, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), junto a Felipe Guerra-Schleef de la U. Austral de Chile y José Miguel Valdés-Negroni de la U. de Chile, fue publicado en el Journal Latin American Geography.
¿Cómo funciona la ley para los reclamos de derechos indígenas en conflictos hidroeléctricos? En junio de 2019 y enero de 2020, dos importantes casos de proyectos hidroeléctricos en territorios mapuche-williche, específicamente en los ríos Quimán y Pilmaiquén, fueron parcialmente resueltos en los Tribunales Ambientales de Chile.
Un grupo de expertos indagaron –con un enfoque metodológico cualitativo de estudios de caso– en la defensa jurídica y política del territorio ante estos dos conflictos.
El resultado de la investigación realizada por la investigadora Sarah Kelly, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), junto a Felipe Guerra-Schleef de la U. Austral de Chile y José Miguel Valdés-Negroni de la U. de Chile, fue plasmado en el paper «Negociando consentimiento y derechos indígenas: geografías legales de la fragmentación en territorio mapuche williche, Futawillimap, Chile» , que fue recientemente publicado en el journal Latin American Geography.
Los investigadores examinan el reconocimiento de derechos indígena, las geografías legales y la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), en estos dos casos de judicialización de proyectos hidroeléctricos en territorios mapuche.
En los dos casos, cuenta Sarah Kelly, «vimos que esta geografía legal opera a través de dos estrategias llevadas a cabo por los consultores privados involucrados en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos».
Primero, agrega, en la manera como definen el área de afectación directa reducida en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental. Y segundo, en la mantención de negociaciones privadas y directas con determinadas comunidades. De acuerdo al estudio, en el primer caso, los consultores interpretan la legislación ambiental de una forma limitada. Mientras que en el último caso, crean sus propias estrategias en un contexto de incertidumbre legal y, paradójicamente, allí amplifican el territorio afectado para efectos de negociar.
“En general, crean las condiciones para que los derechos indígenas sean negociados, dando lugar a una forma mercantilizada del consentimiento informado. En esta brecha entre la codificación de derechos internacionales indígenas y la implementación de la ley en la práctica, la fragmentación social afecta profundamente a las costumbres mapuche, la autoridad de los líderes ancestrales, la cohesión social y la práctica de ceremonias”, asegura Kelly.
De acuerdo a los investigadores, la posibilidad de que el consentimiento informado sea mercantilizado, sugiere desde una mirada más amplia, que la institucionalización de los derechos indígenas parezca positiva, pero de hecho, puede tener efectos perversos en la práctica.
“En los dos casos que discutimos en este trabajo, las empresas causaron divisiones prolongadas en los territorios mientras mantuvieron negociaciones con las comunidades Mapuche afectadas, con el objetivo de lograr el consentimiento informado”, asegura Sarah Kelly postdoctorante ANID.
Esta negociación, definen los expertos en el paper, es una herramienta de diálogo bilateral que tiene como fin obtener la licencia social para un proyecto. Una empresa o tercer actor (por ejemplo un consultor), busca el consentimiento con comunidades mapuche por medio de varias reuniones, hasta que se fijan acuerdos (principalmente compensaciones económicas) con algunos grupos definidos legalmente. Dichas negociaciones se llevan a cabo como consecuencia de las exigencias de la institucionalidad ambiental, pero al margen de sus normativas.
La investigación concluyó los términos de esas negociaciones entre el pueblo mapuche y los “consultores”, son definidas estratégicamente por las propias empresas cuando necesitan , dando lugar a una forma mercantilizada del CLPI indígena. En términos de la afectación directa, ejemplifican los investigadores en el paper, el aspecto más cuestionable es que los consultores privados se encargan de su definición y el Estado asume un rol pasivo frente a dicha definición.
Por ejemplo, complementa la doctora en geografía Sarah Kelly, en el caso de Central Las Flores, el área de afectación directa no incluyó al Menoko, un sitio de significación cultural y espiritual, ni se consultó a las comunidades correspondientes. En el caso de la central hidroeléctrica Pilmaiquén, en tanto, el área de influencia fue pequeña, sin considerar que el complejo ceremonial tiene una importancia para un territorio mucho más extenso, ni tampoco los impactos sinérgicos de ambas centrales.
