NUEVA CONSTITUCIÓN
En el panel transmitido por El Mostrador, la académica italiana Laura Fregolent y la especialista austriaca Susanne Bauer concluyeron que, si bien es importante la consagración del derecho a la vivienda en la nueva Constitución, también es muy importante la manera en que éste sea implementado de una manera efectiva.
En una nueva sesión del ciclo de debates “Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente”, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile en conjunto con un grupo de universidades chilenas, la académica italiana Laura Fregolent y la especialista austriaca Susanne Bauer –expertos del Programa de la UE EUROsociAL+- expusieron sobre el modelo de vivienda social en Italia y en la ciudad de Viena, respectivamente.
En el panel transmitido por El Mostrador, la académica Laura Fregolent, profesora en Urbanismo y Tecnología en la Università Iuav di Venezia hizo un completo análisis de las políticas de vivienda en Italia a través de los años, destacando primeramente la consagración constitucional del derecho a la vivienda en el artículo 47 de la Constitución Italiana. Fregolent señaló que derivado de las políticas sociales establecidas en este derecho “el 70% de las familias italianas viven en su casa. Es su propiedad en lugar de ser una casa de alquiler”.
En la exposición, la arquitecta italiana destacó el rol fundamental que el Estado jugó en la construcción de la vivienda en la segunda mitad del siglo XX, para luego con posterioridad ir teniendo un rol más secundario. En tal sentido, recordó que producto de una reforma constitucional del año 2001, el Estado perdió su potestad exclusiva en materia de vivienda.
En el año 2008, una ley define vivienda social como “el conjunto de servicios habitacionales orientados a la satisfacción de necesidades básicas”. Fregolent señaló que las políticas públicas de este período están más orientadas a satisfacer la deprivación de vivienda y vulnerabilidad social teniendo como objetivo ofrecer casas de alquiler para un costo accesible.
La profesora Fregolent puntualizó que la baja progresiva del involucramiento del Estado en los temas de vivienda y las reformas más orientadas a ver la vivienda como un bien de mercado han tensionado el acceso a la vivienda. En este sentido, los desalojos por no pago de alquiler se han duplicado y que el número de personas sin vivienda está en aumento.
Al final de su presentación, la académica entregó una serie de recomendaciones que podrían considerarse para mejorar estos problemas, entre ellos, el atraer capitales privados o poder proporcionar diferentes rangos de rentas para promover la mezcla social y así poder evitar las concentraciones de grupos de población más desfavorecidos.
La experta Susanne Bauer, responsable de asuntos Internacionales del «Wiener Wohnen Kundenservice» y presidenta del grupo de Trabajo de Vivienda de Eurocities, aclaró primeramente que si bien el derecho a la vivienda digna no está garantizado en la Constitución de Austria, “sí se encuentra recogido en la normativa austriaca en una provisión para las personas sin techo y el apoyo a las personas sin hogar y en situaciones precarias, que se recoge en una disposición sobre la vivienda”.
En Austria la vivienda municipal llevada por cada municipio y por las asociaciones de inmobiliarias ofrece un stock de viviendas de carácter social y público.
Bauer señaló que en Austria las políticas públicas han lidiado con el problema habitacional a través de políticas municipales de vivienda, que ya tienen una tradición de más de 100 años. La clave ha sido la de aportar una vivienda de calidad para la más amplia gama de población posible: “Hoy en día el 60% de los vieneses viven en viviendas sociales con alquileres accesibles”, dijo.
La experta indicó que esto en Viena se trata de un compromiso político. Enfatizó que “en Viena la imagen de asumir la responsabilidad de la protección social de las personas es muy fuerte y la vivienda juega un papel muy importante en ello, porque las familias de bajos ingresos dependen en especial de la vivienda accesible para tener una vida digna”. Señaló, en todo caso, que esta vivienda accesible sólo se puede ofrecer con algunas limitaciones junto con inversores privados en el mercado inmobiliario.
Viena busca fomentar la construcción de edificios residenciales que aumente la cantidad de viviendas sociales de forma permanente, a través de subsidios. Existe un programa en que las viviendas privadas de alquiler están sujetas a unas obligaciones temporales, sobre todo si estos fondos se utilizan para reformar la vivienda. Hay un límite de 15 años de alquiler y las subvenciones se tienen que utilizar para reformas. Esto se realiza desde hace 40 años para mejorar los barrios y para ofrecer más viviendas accesibles en zonas con pocas viviendas sociales. Además, la municipalidad ofrece apoyo a los inquilinos de estas viviendas con servicios como gestión o asesoría legal que tienen que ver con el alquiler.
La especialista austriaca puntualizó que una política activa de vivienda debe además ser inclusiva. Y eso es clave en la política de Viena. La vivienda no sólo se dirige a los grupos sociales de menores ingresos, se procura que abarque a la mayoría de la población, por tanto, también se dirige a quienes tienen ingresos medios.
Respecto del marco legal sobre derecho a la vivienda, Bauer señaló que existen distintas leyes a nivel nacional o regional, refiriéndose a leyes como la de derechos y deberes de los inquilinos o sobre limitación de los ingresos o ganancias, que limita la forma en que los actores del mercado inmobiliario pueden gestionar sus ingresos.
Al final del debate, las expertas concluyeron que, si bien es importante la consagración del derecho a la vivienda en la nueva Constitución, también es muy importante la manera en que éste sea implementado de una manera efectiva.
El ciclo de debates “Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente” es organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile, a través del Programa EUROsociAL+, junto con LEXEN, el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile; el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago, y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en colaboración con El Mostrador.
