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Crédito: ATON
La acción del CDE viene pocos días después de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, le había comunicado que formalizaría a los imputados por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero, ocurridos entre 2015 y marzo de 2017. «Claramente mediante su sustracción, estos (dineros) fueron destinados a fines no previstos por el legislador, como pagos o depósitos en efectivo a funcionarios públicos. De este modo, se causó un perjuicio al erario fiscal de, a lo menos, $140.000.000, monto al cual ascienden los depósitos en efectivo hasta la fecha acreditados», dice la demanda del CDE.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó al ex director de la PDI, Héctor Espinosa, su esposa y un funcionario de la institución. «Es nuestra intención demandar civilmente a los querellados, solicitando, oportunamente, las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas», informó.
La acción del CDE viene pocos días después de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, le había comunicado que formalizaría a los imputados por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero, ocurridos entre 2015 y marzo de 2017. «Claramente mediante su sustracción, estos (dineros) fueron destinados a fines no previstos por el legislador, como pagos o depósitos en efectivo a funcionarios públicos. De este modo, se causó un perjuicio al erario fiscal de, a lo menos, $140.000.000, monto al cual ascienden los depósitos en efectivo hasta la fecha acreditados», dice la demanda del CDE.
El CDE consigna que es su «ánimo interrumpir la prescripción de las acciones civiles pertinentes» y, agrega el organismo de defensa estatal, «deseamos también, preparar la demanda civil, para lo cual, en cuanto puedan ser útiles a estos fines, solicitamos al Ministerio Público la práctica de las siguientes diligencias», como que «oficie al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y San Miguel para que informe si los querellados registran inscripciones de inmuebles y en caso afirmativo remitir dichas inscripciones con certificado de vigencia, prohibición y gravámenes».
En otra de las peticiones que hace, piden que se «despache orden de investigar para determinar la existencia de todas las sociedades en las que tengan participación o aportes los querellados o sus cónyuges» y que «oficie a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para que informe en cuales de estas entidades los querellados mantienen cuentas corrientes o depósitos de dinero, u otros productos bancarios». La Superintendencia de Valores y Seguros también es oficiada para que «requiera a las administradoras de fondos mutuos, le informen si los querellados mantienen, en alguno de ellos, dichos valores»; y al Conservador de Comercio de Santiago y Concepción para que indique “si existen inscripciones de sociedades mercantiles, cualquiera sea su naturaleza, en que los querellados tengan la calidad de socios o directores».
