En El Mostrador en La Clave, Jorge Araya atribuyó esta falla en el control de gastos reservados a dos factores: el primero, la falta de fiscalización, y el segundo una actitud condescendiente desde el poder civil hacia las Fuerzas Armadas y las policías.
El especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago (Usach), Jorge Araya analizó en El Mostrador en La Clave el tema de los gastos reservados en las instituciones policiales y militares, y la falta de control que existe sobre estos fondos, a propósito del caso del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, acusado de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero.
«Estamos en presencia de una falla institucional bastante importante (…) me refiero a la institucionalidad encargada de fiscalizar y controlar el gasto público», sostuvo Araya.
«Llama la atención la torpeza de un director de una policía nacional (…) que haya tenido la desvergüenza de hacer una cosa de manera bastante burda», complementó.
El experto consideró que «debiera existir una institucionalidad que permita controlar ese tipo de financiamiento, y hacerla una trazabilidad que permita detectar a tiempo». Además indicó que «necesitamos que esos gastos reservados tengan un mecanismo de control super sofisticado, que resguarden esas reservas, pero al mismo tiempo sepan controlar inteligentemente en qué se están gastando esos recursos».
El especialista atribuyó esta falla en el control de gastos reservados a dos factores: el primero, la falta de fiscalización, y el segundo una actitud condescendiente desde el poder civil hacia las Fuerzas Armadas y las policías.
«La Policía de Investigaciones ha tenido una labor bastante positiva los últimos 20 años (…) el problema es que si llegas a director, tienes a disposición estos gastos reservados con mecanismos muy débiles de fiscalización», dijo.
Posteriormente señaló que «desde el poder civil ha habido una actitud condescendiente hacia las Fuerzas Armadas y las policías. El poder civil siempre ha sentido que para llevar el Gobierno en un determinado periodo gubernamental, se necesita el respaldo de las policías, y para eso ha concedido una especie de vista gorda».
«¿Cuál es la institucionalidad que tiene el Estado para seguir los asuntos de las policías? La verdad es que no hay», criticó.
Finalmente, Jorge Araya dijo que este es un tema que debería discutirse en el marco de la nueva Constitución: «En la Constitución hay un gran tema que discutir. Hay que avanzar en repensar si lo que necesita Chile es una policía de carácter militar. Podemos tener una policía civil como la tiene Uruguay o Argentina (…) hay que repensar las instituciones policiales».