CULTURA|OPINIÓN
A través de las políticas públicas, las investigaciones académicas, las prácticas empresariales y la propia cooperación internacional, debemos dar condiciones estructurales para que las mujeres indígenas y las juventudes indígenas puedan ser protagonistas del desarrollo de sus propias comunidades, desde una visión que corresponda los cánones del buen vivir de cada uno de sus pueblos. Concretar estos cambios imprescindibles requiere de una profunda reflexión sobre este nuevo contrato social de la mano de los pueblos originarios. Pero también, representa una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo de sociedad donde verdaderamente nadie se quede atrás.
El pasado Día Internacional de las Pueblos Indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas nos invitó a reflexionar sobre el significado de un nuevo contrato social donde nadie se quede atrás, conforme lo estipulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Esta invitación, de carácter global, resuena con el histórico esfuerzo de la sociedad chilena de construir colectivamente una nueva constitución, donde los pueblos originarios están jugando un papel protagónico.
En este contexto de renovación del contrato social, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Chile, destaca la importancia de los pueblos indígenas y de sus sistemas alimentarios ancestrales para la alimentación nutritiva, la conservación de los bienes naturales y la protección de la biodiversidad en el país e invita a toda la sociedad a preservar y proteger de la mano de los pueblos originarios estos muy importantes bienes y saberes.
Si bien, los sistemas alimentarios indígenas se encuentran entre los sistemas más sostenibles, resilientes y nutritivos del mundo, las constantes disputas territoriales, la ausencia de políticas públicas interculturales, la pandemia y la acelerada monetización de las economías indígenas, están causando una situación muy compleja para los pueblos originarios en el país.
En Chile, los pueblos originarios suelen ser los más impactados por los índices de pobreza en comparación con los grupos no indígenas, y han sufrido en mayor proporción los efectos del desempleo, ya que trabajan en sectores duramente afectados por la crisis, predominantemente en la economía informal, donde su participación supera por veinte puntos porcentuales a la de personas no indígenas. Las dificultades también se presentan para las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales al momento de comercializar sus cultivos, producto de las restricciones de movilidad (impuestas o voluntarias) que afectan al sector agrícola.
En 2017, la Encuesta CASEN sobre inseguridad alimentaria daba cuenta que un 22,3% de los hogares con jefe o jefa de hogar que pertenecía a algún pueblo originario se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, frente a un 15,9% de los hogares con jefatura de hogar no perteneciente a alguna comunidad indígena.
Estas enormes desigualdades sociales que enfrentan en su día a día los pueblos indígenas son el resultado de largos procesos sociales, históricos, culturales y económicos que durante muchos años han hecho caso omiso del gran potencial de los saberes ancestrales y de las enormes riquezas naturales propias de los pueblos originarios.
Desde la ancestralidad hay una gran cantidad de innovaciones que podemos considerar para lograr la transformación de nuestros sistemas alimentarios hacía modelos más resilientes, nutritivos, prósperos y sostenibles.
Para lograr este bien común, se hace necesario un mayor apoyo y reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y en lo particular de la generación de mecanismos que permitan una mejor gobernanza de sus territorios ancestrales. Un paso importante en esta dirección fue el lanzamiento del informe regional FILAC-FAO sobre los pueblos indígenas y la gobernanza de los bosques, donde además de constatarse de forma científica las múltiples contribuciones de los pueblos originarios al manejo sostenible de los recursos forestales se presentó una propuesta integral de acción basada en cinco pilares.
Esta propuesta integral permitiría a los gobiernos de la región generar esquemas de colaboración con los pueblos indígenas donde exista un mayor equilibrio entre los elementos técnico-productivos y los aspectos socioculturales, asociados al manejo sostenible de los bosques por los propios pueblos. Estos elementos se refieren a mecanismos como el pago por servicios ambientales, el manejo forestal comunitario y el co-manejo de áreas de conservación natural en los cuales se tome como eje rector el respeto a los derechos colectivos territoriales de los pueblos originarios.
A través de las políticas públicas, las investigaciones académicas, las prácticas empresariales y la propia cooperación internacional, debemos dar condiciones estructurales para que las mujeres indígenas y las juventudes indígenas puedan ser protagonistas del desarrollo de sus propias comunidades, desde una visión que corresponda los cánones del buen vivir de cada uno de sus pueblos.
Concretar estos cambios imprescindibles requiere de una profunda reflexión sobre este nuevo contrato social de la mano de los pueblos originarios. Pero también, representa una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo de sociedad donde verdaderamente nadie se quede atrás.
Mauricio Mireles es Oficial de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas e Inclusión Social de FAO América Latina y El Caribe.
