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Tras darse a conocer la situación de Vitacura por los programas Vita y las transferencias desde los municipios de Lo Barnechea y Las Condes a empresas de seguridad, entre otros casos, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, hizo un llamado a los alcaldes a poner foco y avanzar en materia de transparencia en entidades que quedan al margen de las obligaciones establecidas por la normativa vigente.
Las municipalidades del sector oriente controladas por la derecha se encuentran en el ojo del huracán tras las irregularidades en el pago de subvenciones a programas “Vita” durante la gestión del histórico exalcalde RN Raúl Torrealba, quien está en la mira de la Fiscalía por presunta malversación de caudales públicos y fraude. Además, se destapó el caso de las millonarias transferencias realizadas desde los municipios de Lo Barnechea y Las Condes a empresas de seguridad privadas sin fiscalización, por montos superiores a los $14 mil millones en los últimos tres años.
Entrevistado en El Mostrador en La Clave, el ex jefe de la fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, que investigó el caso Penta y otros episodios de corrupción, comentó que estos casos podrían pasar en cualquier organismo público que tenga “una combinación de muchos recursos disponibles y muy poca o nula disposición de fiscalización”.
“Eso es así en el Ejercito, en la PDI, en Carabineros con los famosos gastos reservados. Uno puede encontrar esto en cualquier institución que tenga harta plata y propio control, los municipios son un ejemplo de esto, porque manejan muchos recursos, y cada vez manejan más”, señaló.
Agregó que los municipios “tienen poca fiscalización porque los Concejos Municipales no han adoptado suficientemente bien su labor principal que es fiscalizar las labores del alcalde y por la deficiencia de nuestro sistema de la Contraloría que tiene pocos recursos, esta todavía no puede acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos”. Por esto indica que se genera “esta situación que es un marco muy propicio para la corrupción”.
Pero esta irregularidad financiera «no es exclusiva en municipios de derecha», señaló Gajardo. Hay que recordar «lo ocurrido en el municipio de San Ramón”, bajo la gestión del ex PS Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Santiago 1 por una serie de delitos de corrupción.
“Esto no tiene que ver con colores políticos, sino que tiene que ver con esta combinación de mucha plata y poco control. Es lo que pasaba evidentemente en el municipio de Vitacura, y se junta con los alcaldes que han mantenido excesivamente en el poder, en este caso de 6 períodos por 24 años”.
En el caso particular del ex alcalde Raúl Torrealba, finamente lo que ocurrió es que “este funcionario público terminó transformándose en un reyezuelo del lugar, con muy poco control”, indicó.
Gajardo integra el equipo jurídico instalado por la alcaldesa Macarena Ripamonti para indagar el eventual fraude en el municipio viñamarino en el periodo de Virginia Reginato. “En Viña del Mar sucede algo semejante y efectivamente ahí estoy trabajando profesionalmente en el caso, esperamos tener novedades porque la Fiscalía está muy comprometida en el caso se han nombrado fiscales especializados y un equipo de la PDI con dedicación exclusiva. La Contraloría fue la que descubrió un déficit fiscal”, añadió.
Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) también se refirieron a estos casos de corrupción. La presidenta del organismo, Gloria de la Fuente, hizo un llamado a los alcaldes a poner foco y avanzar en materia de transparencia en entidades que quedan al margen de las obligaciones establecidas por la normativa vigente.
“Todo atisbo de corrupción debe cortarse de raíz y sancionarse duramente”, dijo la representante del Consejo. Asimismo, apuntó a la necesidad de que los ediles “se hagan cargo de este tipo de hechos que finalmente terminan enlodando a las administraciones”, sin distinción de orientación política, traduciéndose en un nuevo y duro golpe a todas las instituciones, en particular a las del nivel local. “Los municipios son la puerta de entrada de las personas en su relación con el Estado y si no las cuidamos estamos afectando seriamente a las y los ciudadanos, y mermando la confianza que estos pusieron en la administración pública”, sostuvo.
De la Fuente señaló que se requieren auditorías externas “con carácter de urgente como acción inmediata, y utilizar de manera proactiva los mecanismos de Transparencia, no sólo en lo que concierne directamente a las municipalidades, sino también en corporaciones y asociaciones que pueden ser receptoras de fondos públicos”.
Respecto del caso de Vitacura y las acusaciones que se dieron a conocer en contra del ex alcalde Raúl Torrealba, la presidenta del CPLT recalcó que hay un proceso en sede judicial. Sin embargo, subrayó que se requiere “actuar con total transparencia en situaciones que involucran recursos públicos y aclararlas a la brevedad. Tenemos que poner luz donde hay oscuridad y colaborar con una mejora en las formas de hacer en una serie de espacios en que estamos viendo que la falta de control muestra resultados que pueden ser nefatos para la confianza”, finalizó.
