NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: ATON (foto de referencia)
El documento, elaborado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, realiza propuestas basadas en cuatro dimensiones: descentralización; participación ciudadana; bienestar y patrimonio biocultural y agricultura y alimentación sustentable.
Con el objetivo de que el Estado reconozca los territorios en su dimensión de constructo social y, por lo tanto, considere sus particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, inversión pública, normativa y cuerpo legal, Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural formuló un decálogo sobre la base de cuatro dimensiones: descentralización, participación ciudadana, bienestar y patrimonio biocultural y agricultura y alimentación sustentable.
El enfoque territorial parte de una concepción del territorio como un espacio socialmente construido sobre la base de un conjunto de relaciones sociales que le dan origen, identidad y sentido de propósito compartido por los múltiples actores que lo habitan. Los límites de los territorios así entendidos van más allá de definiciones formales, como pueden ser los límites municipales o regionales, y se refieren a la unidad que los mismos habitantes reconocen como tal.
«El proceso constituyente que se vive en el país entrega la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para realizar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva extractivista», señalaron.
En esa línea, destacaron la posibilidad de promover «formas asociativas y solidarias de emprendimiento, permitir un acceso más igualitario a la naturaleza, como la tierra y el agua bajo nuevos esquemas de gobernanza, permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural, y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local».
La directora de la oficina Chile de Rimisp, Danae Mlynarz, destacó que las propuestas elaboradas se ponen a disposición del proceso constituyente “para abrir un diálogo que permita contar con una Constitución con enfoque territorial y políticas públicas coherentes, que permitan disminuir las desigualdades territoriales que no solo afectan la vida de los habitantes de un territorio rezagado, sino que limitan el bienestar de todos los habitantes de un país”.
Una de las dimensiones que aborda el decálogo es la descentralización. La investigadora principal de Rimisp, Ignacia Fernández, señaló que el proceso constituyente es un buen momento para definir “una descentralización para un desarrollo participativo y territorialmente equitativo, donde no sea el gobierno central ni las empresas privadas quienes decidan sobre el uso de recursos esenciales para los territorios».
