«Estos hechos demuestran que estamos frente a la criminalización de la protesta social que se ha transformado en una política de Estado que, de la mano de la Fiscalía, busca amedrentar a las y los luchadores sociales», indicaron los legisladores opositores.
Parlamentarios de oposición acusaron en un comunicado una «permanente persecución» contra familiares de los denominados presos del estallido social, quienes «se han manifestado exigiendo la tramitación del proyecto de Indulto General», indicaron.
«Es el caso de dos personas que el jueves 9 de septiembre fueron detenidos de manera violenta por las fuerzas policiales mientras realizaban una acción pacífica en el Puente Pío Nono», señalaron los legisladores.
«Estos hechos demuestran que estamos frente a la criminalización de la protesta social que se ha transformado en una política de Estado que, de la mano de la Fiscalía, busca amedrentar a las y los luchadores sociales, la que ha sido una constante desde que el pueblo se expresó en las calles el 18 de octubre de 2019», añadieron.
En esa linea, comentaron que «la exigencia de libertad a las y los presos de la revuelta es hoy una demanda sentida por amplios sectores de la sociedad, que no solo ven cómo los jóvenes se han transformado en los rehenes de un modelo opresor, sino también cómo la justicia se ensaña con procesos viciados contra las personas que se rebelan».
Asimismo, apuntaron «la falta de voluntad política que ha evidenciado el Senado para tramitar el proyecto de Indulto General». De este modo, llamaron a la Cámara Alta a poner «en tabla el Proyecto de Indulto y de esa manera, evitar que se siga profundizando la angustia y dolor de los detenidos y sus familiares».
Los legisladores firmantes son los siguientes: