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Crédito: ATON
Esta diligencia se realizó el 9 de septiembre, pero no se supo de ella solo hasta tres semanas después, ya que el Ministerio Público decretó el secreto del expediente por al menos seis meses, invocando la comisión del delito de lavado de dinero.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento a la segunda vivienda del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ubicada a orillas del Lago Colico, en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía.
Este allanamiento se suma al que realizó la PDI el 25 de agosto pasado a su casa ubicada en avenida Carolina Rabat, en el sector de Santa María de Manquehue, en el marco de una serie de irregularidades detectadas en los programas Vita.
De acuerdo a información de La Tercera, esta diligencia se realizó el 9 de septiembre, pero no se supo de ella solo hasta tres semanas después, ya que el Ministerio Público decretó el secreto del expediente por al menos seis meses, invocando la comisión del delito de lavado de dinero.
Fuentes del caso señalaron al citado medio que la diligencia se realizó sin mayores contratiempos, y que se habrían incautado computadores, celulares, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Las sospechas tienen que ver con eventuales triangulaciones de dinero que se habrían realizado desde las arcas municipales, y que llegaron a las corporaciones y a «personal fantasma» contratado por estos programas que hoy están en el ojo del Ministerio Público, y que son Vita Deportes, Vita Salud y Vita Emprende.
También se están investigando las tres cuentas bancarias que están a nombre de Torrealba, luego que la justicia determinara el levantamiento del secreto bancario, para indagar los flujos de dinero entre dichas cuentas y verificar si coinciden con su sueldo de alcalde de 6,6 millones de pesos.
Los primeros antecedentes arrojan que en los programas que están siendo objeto de investigación, habrían «testaferros», personal contratado de forma ficticia para posteriormente devolver parte de sus honorarios.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó que ya se solicitaron los antecedentes para que, una vez levantada la reserva, se puedan analizar las las pruebas recopiladas por el Ministerio Público en el Comité Penal, para así decidir si presentarán o no una querella en contra del jefe comunal.
