PAÍS
Crédito: ATON
En una declaración firmada por 145 abogados y abogadas, apuntaron que el Ejecutivo ha «ligando constantemente migración y delincuencia, y ha respondido a los ingresos desesperados por pasos no habilitados con expulsiones ilegales y colectivas» [ACTUALIZACIÓN]
La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, en un declaración firmada por 145 abogados y abogadas, criticaron el rol del Gobierno en la crisis migratoria en el norte del país, que el sábado, en Iquique, detonó una marcha contra migrantes, culminando con la quema de pertenencias de ciudadanos venezolanos.
«Nos parecen aberrantes las manifestaciones de racismo y xenofobia que se apoderaron de las calles en la ciudad de Iquique la semana pasada. La indolencia de algunas personas y sectores que no han tenido la empatía para comprender que estamos ante personas, que vienen escapando de una de las crisis humanitarias más grandes de la región y del mundo, es grave», señalaron.
«El Presidente Sebastián Piñera declaró públicamente hace algunos años una política de brazos abiertos con el pueblo venezolano debido a la grave crisis política, social y económica que atraviesa dicho país. Esas palabras de solidaridad han chocado con la realidad, pues el gobierno ha mantenido un discurso criminalizador de la movilidad humana», añadieron.
En esa línea, sostuvieron que el Ejecutivo ha «ligando constantemente migración y delincuencia, y ha respondido a los ingresos desesperados por pasos no habilitados con expulsiones ilegales y colectivas, prohibidas por el derecho internacional».
«La realidad que se está viviendo en el norte de Chile no es más que una consecuencia de la política migratoria implementada por este gobierno. Como muchas organizaciones advirtieron ya desde 2018, los visados restrictivos y la respuesta securitista y sancionatoria por parte del Estado no desincentiva el ingreso por paso no habilitado de personas que están desesperadas», comentaron en la declaración.
«En este sentido, las medidas antes mencionadas no toman en cuenta la realidad que se vive en la región y el hecho de que la mayoría de las personas que deciden ingresar por un paso no habilitado vienen escapando de violaciones masivas a sus derechos humanos. Por el contrario, estas medidas solo aumentan los ingresos irregulares, la desprotección y el caos», continuaron.
Por último, apuntaron que «el Estado ha dejado a su suerte a autoridades de pequeñas localidades para que hagan frente a esta situación, sin tener los medios económicos ni la infraestructura adecuada para hacerlo, pese a reiterados llamados de las autoridades locales y de la sociedad civil».
En ese sentido, emplazaron al Gobierno «a generar una estrategia de respuesta humanitaria coordinada a nivel estatal y local, desde la óptica de los derechos humanos y con miras a tratar a la migración no como un problema, sino como un fenómeno multicausal inherente al ser humano y propio de un mundo globalizado».
