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En comunicado, las entidades firmantes explicaron sus argumentos para solicitar que no se continúe con la discusión de esta norma. Uno de estos tiene que ver con que «propone una regulación inapropiada del fenómeno de las noticias falsas». También señalan que que el proyecto «crea incentivos perversos para que las plataformas digitales puedan eliminar contenido, que pueda ser calificado como ilícito, utilizando para esto el concepto de “derecho a la rectificación y al olvido”, sin tener claridad legal de quién podría realizar esa calificación, ni si se requerirá la intervención de la justicia para ponderar los derechos fundamentales en juego».
Un total de siete agrupaciones manifestó sus reparos al proyecto de ley que regula plataformas digitales, el cual se presentó el 1 de septiembre de este año en el Congreso, y que actualmente se encuentra en la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, por lo que recomendaron «no seguir adelante con la tramitación» de esta iniciativa.
En comunicado, las entidades firmantes explicaron sus argumentos para solicitar que no se continúe con la discusión de esta norma. Uno de estos tiene que ver con que «propone una regulación inapropiada del fenómeno de las noticias falsas o fake news, ignorando la experiencia internacional acumulada en la materia, que muestra especialmente la dificultad e incerteza jurídica respecto de determinar lo que se entiende por “información manifiestamente falsa”, provocando una colisión entre las garantías fundamentales de la libertad de expresión y de la libertad de informar, sin censura previa, generando incentivos para que las plataformas remuevan contenidos, lo que afecta el pluralismo informativo».
También argumentan que el proyecto «crea incentivos perversos para que las plataformas digitales puedan eliminar contenido, que pueda ser calificado como ilícito, utilizando para esto el concepto de “derecho a la rectificación y al olvido”, sin tener claridad legal de quién podría realizar esa calificación, ni si se requerirá la intervención de la justicia para ponderar los derechos fundamentales en juego (como la privacidad, libertad de expresión, etc.)».
Por otra parte, señalan que se «aborda de manera confusa las regulaciones de materias propias de otros cuerpos legislativos. Por ejemplo, la protección de datos personales, libertad de expresión, derecho del consumo o protección a la infancia, son abordadas en forma inorgánica y con una ausencia de coordinación con dichos cuerpos normativos, lo que no contribuye a ofrecer soluciones efectivas ni respetuosas de los derechos humanos, que son afectados por las problemáticas que inspiran, supuestamente, a esta iniciativa legislativa».
«El Proyecto de Ley crea el concepto de “consumidor digital” y apoya su regulación en dicha noción, ignorando así aspectos de los derechos fundamentales involucrados en el uso de plataformas digitales, así como la creación de reglas de responsabilidad que allí mismo se destaca», agregan.
Además hacen hincapié en que se busca «consagrar inapropiadamente el derecho de “libertad de expresión digital”, sin considerar que -como lo han señalado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- hacer una distinción entre el ejercicio de la libertad de expresión offline y online es incorrecta. El derecho a la libertad de expresión es el mismo, y uno solo, así como que la garantía de cualquiera de los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser igualmente respetada en los entornos digitales».
«Por todo lo anteriormente expuesto, recomendamos no seguir adelante con la tramitación de este proyecto de ley. Solicitamos dedicar el tiempo y el espacio necesarios para realizar un debate abierto, amplio y participativo, que considere las recomendaciones de las y los especialistas, así como las propuestas y el trabajo especializado que han realizado varias organizaciones académicas y de la sociedad civil, tanto en Chile como a nivel Latinoamericano», manifiestan.
Las organizaciones firmantes de este documento son: Internet Society Capítulo Chile; Observatorio del Derecho a la Comunicación; Fundación Datos Protegidos; Derechos Digitales; Centro de Estudios de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, y el Colegio de Periodistas de Chile.
