PAÍS
Crédito: ATON
“Si las instituciones no hacen su trabajo tendremos que autodefendernos y armarnos para enfrentar a los delincuentes”, advirtió esta mañana el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, quien además amenazó con una eventual paralización. En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, expresó que «no entendemos la objeción del contralor” y aseguró que “esto es muy similar a lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas de manera legal y constitucional en la macrozona norte para enfrentar fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el crimen organizado”. Frente a esto, adelantó que «estamos evaluando todas las vías para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos”. Para el diputado de Renovación Nacional por la zona, Miguel Mellado, el contralor Jorge Bermúdez no conoce la realidad en La Araucanía, “vive calentito en invierno y con aire acondicionado en verano”. En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, valoró el anuncio de la Contraloría y dijo que el Presidente Sebastián Piñera “intentó por decreto profundizar la militarización de La Araucanía tras termino de excepcionalidad y no le resultó”.
El “portazo” que dio la Contraloría General de la República al Gobierno, al declarar inconstitucional el Decreto 249, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cooperar en labores de prevención de delitos en la zona de conflicto mapuche tras el fin del estado de excepción constitucional, abrió todo un debate.
Si bien desde algunos sectores interpretaron esta decisión de Contraloría como un «fracaso en su intento por perpetuar la militarización en La Araucanía», La Moneda reaccionó con molestia, al igual que el gremio de los camioneros. “Si las instituciones no hacen su trabajo tendremos que autodefendernos y armarnos para enfrentar a los delincuentes”, advirtió esta mañana el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, en Radio ADN.
Pérez nuevamente esgrimió la amenaza de una eventual paralización. “Esperamos no llegar a parar nuestras funciones ni a tener que autodefendernos. Si los camioneros paramos por la violencia en nuestra contra habrá crisis total de abastecimiento en el país, que es lo que esta gente busca para generar caos».
“Las víctimas somos nosotros, por eso esperamos que las instituciones de la República hagan su trabajo y nos aseguren el libre tránsito para seguir sirviendo al país», añadió.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que «ahora que se termina el estado de excepción constitucional lo lógico era que todas las capacidades del Estado, pero particularmente las de las Fuerzas Armadas, pudieran colaborar, apoyar en logística, en transporte, en tecnología, pero también en vigilancia a las Fuerzas de Orden y Seguridad en la macrozona sur. Ese era el objetivo de este decreto que enviamos a la Contraloría».
Según dijo, «no entendemos la objeción del contralor. El decreto supremo establece claramente que es un rol de colaboración, de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad muy limitado, en logística, transporte, tecnología y vigilancia, y únicamente en rol de apoyo, nunca involucrándose en operativos policiales y en control del orden público».
«Esto es muy similar a lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas de manera legal y constitucional en la macrozona norte para enfrentar fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el crimen organizado», complementó Galli.
Frente a esto, adelantó que «estamos evaluando todas las vías para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos, de la seguridad de los ciudadanos, y poner a disposición todas las capacidades del Estado en colaboración para darles seguridad a los ciudadanos, particularmente a los ciudadanos que están en la macrozona sur».
El mismo ente regulador salió a explicar en sus redes sociales por qué está permitido que las FF.AA. colaboren en la zona norte -a través del Decreto 265- y en este caso no. Según detallaron, a diferencia del 265, que establece la colaboración en la frontera frente a amenazas exteriores, en este caso se trata de un decreto que busca que las FF.AA. colaboren en un «conflicto interno de orden público».
A nivel político, hubo reacciones variadas. El director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara valoró el anuncio de la Contraloría y dijo que el Presidente Sebastián Piñera «fracasó en su intento por perpetuar la militarización en La Araucanía».
Para Vergara, el rechazo de Contraloría frente al intento de Sebastián Piñera, “demuestra que es un Presidente que no tiene capacidad de gobernar bajo estándares democráticos. Intentó por decreto profundizar la militarización de La Araucanía tras termino de excepcionalidad y no le resultó”.
En esa línea, indicó que “son buenas noticias que ponen freno a un Gobierno al que se le acabó el tanque de oxígeno de la catástrofe y buscaba seguir parchando su fracaso haciendo uso ilegal de las FF.AA. para proteger su orden político”.
En cambio, desde RN apuntaron con todo a la Contraloría. Para el diputado por la zona, Miguel Mellado, el contralor Jorge Bermúdez no conoce la realidad en La Araucanía. “El contralor no entiende en qué país estamos viviendo, vive calentito en invierno y con aire acondicionado en verano. Yo lo emplazo a venir, le pago el pasaje, venga a ver lo que sienten las víctimas de La Araucanía. Usted comete un error”, aseveró.
