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Crédito: ATON
La medida que deja bajo control militar de la Defensa Nacional el territorio conocido como la Macrozona Sur tendrá una duración inicial de quince días, ya que así lo establece la actual Constitución, y se puede extender por otros 15 días si el Presidente Piñera así lo determina, y gatilló una ola de reacciones a favor y en contra, incluyendo a los integrantes de la Convención Constitucional, que se sumaron al debate. «A mí me da la impresión esto es una cortina de humo para desviar la atención de los Pandora Papers, que tienen al Presidente siendo acusado constitucionalmente», dijo la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), mientras el UDI Jorge Alessandri señaló que “le habíamos solicitado tantas veces al Gobierno no tratar a la región de la Araucanía como una región más, cuando lo que estaba pasando ahí era distinto a lo que pasaba en todas las otras regiones, y finalmente se nos escucha”.
Este martes, el Presidente Sebastián Piñera confirmó en La Moneda la aplicación del Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y Biobío y Arauco en el Biobío, “para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”.
La medida que deja bajo control militar de la Defensa Nacional el territorio conocido como la Macrozona Sur tendrá una duración inicial de quince días, ya que así lo establece la actual Constitución, y se puede extender por otros 15 días si el Presidente Piñera así lo determina, y gatilló una ola de reacciones a favor y en contra.
Desde la oposición, la opinión fue unánime. “Lo que hace el Presidente de Chile una vez más es improductivo”, señaló el candidato presidencial progresista, Marco Enríquez-Ominami, quien pidió “pensar diferente, a buscar soluciones con propuestas y con menos jefes de Estado transformados en guerreros que en realidad apagan el fuego con bencina”.
“Han sido Presidentes -durante 30 años- personas líderes que han dicho exactamente lo mismo: que la violencia debe parar y que tienen que ser muy duros y muy firme. (Eso) no sirve”, insistió el presidenciable, asegurando que la solución tiene tres elementos: “primero, la política, que está en la Constituyente, que es el reconocimiento de los pueblos originarios; al lado de eso, está el desafío de las tierras, asumámoslo -de verdad- como una política de Estado. Y tercero, es que -se trate de un robo de madera o de camioneros que cortan el tránsito- deben ser perseguidos con el Código Penal, tiene que imponerse el orden y la ley con el Código Penal”, aseguró.
Por su parte, el senador de País Progresista, Alejandro Navarro, criticó la decisión del Gobierno que permitirá la instalación de tropas de las Fuerzas Armadas en la zona. “El Gobierno debe aclarar si el nuevo vocero es Francisco Chahuán, presidente de Renovación Nacional”, ironizó el senador tras las declaraciones del fin de semana del timonel RN anticipando esta determinación.
“Una decisión de esta envergadura, de decretar Estado de Emergencia para poner el ejército en la llamada Macrozona Sur, es una decisión ideológica frente a un problema político. Poner a las Fuerzas Armadas en la Araucanía, solo va a agravar el conflicto”, afirmó el parlamentario por la Región del Biobío.
A juicio del senador, la decisión de La Moneda va de la mano del libelo que prepara la oposición en contra del mandatario por el caso Dominga. “La respuesta a la acusación constitucional no puede ser poner al ejército en la Macrozona Sur, y poner en el Congreso una decisión ideológica cuando lo que se requiere es una decisión política en la Araucanía para enfrentar un conflicto que es justamente político, no es militar, ni ideológico”.
En tanto, su colega RD Juan Ignacio Latorre dijo que “me parece brutal y nefasto como un día como hoy, 12 de octubre, La Moneda, el Presidente Piñera decide decretar un estado de excepción para la Macrozona Sur, que básicamente es militarizar La Araucanía. Yo creo que ese camino ya está más que demostrado y hay múltiples recomendaciones de organismos nacionales, internacionales, de derechos humanos, de que no es el camino para enfrentar los conflictos históricos que tiene el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche, lo único que va a generar esto es escalar los conflictos, va a generar más violencia, más inestabilidad y eso no le conviene a nadie.
“Probablemente esta sea una medida para desviar la atención de los problemas que tiene Piñera por el caso Dominga, los conflictos de interés, la acusación constitucional que se presentará en la Cámara de Diputados, etc, y quisieran de esta manera desviar la atención para evitar o que no esté tan expuesto Piñera con los problemas que tiene a nivel nacional e internacional con el caso Dominga”, indicó.
Para el diputado PPD y ex intendente de La Araucanía, Ricardo Celis, “el Gobierno llega tarde y demuestra no haber comprendido absolutamente nada de los tres años y medio que lleva respecto a de las soluciones que deben alcanzarse” en la zona.
“El Presidente Piñera no ha cumplido en su periodo lo que dijo en marzo de 2018 cuando fue a La Araucanía que íbamos a tener más paz social, más tranquilidad, más desarrollo y que se iban a alcanzar acuerdos”, por lo que a su juicio la salida es “conversar con todos los sectores”, incluyendo “los más duros”.
En cuanto a los plazos de este estado de excepción, el senador Navarro también puso el foco en los escollos que tendrá el Gobierno con esta medida, al recordar que “aquí el Presidente tiene la facultad por 15 días, luego por otro período similar, y luego deberá preguntarle al Congreso”.
Celis complementó esta idea, señalando que esta “no es la medida más adecuada porque en 15 días o máximo en un mes, no se va alcanzar a hacer absolutamente nada de lo que el Gobierno no ha hecho en tres años y medio, lamentablemente”.
En tanto, para el parlamentario por la región del Bío Bío, diputado Gastón Saavedra (PS), con el estado de excepción en la zona de Arauco “no se está enfrentando el problema de fondo, más bien parece que el Presidente quiere desviar el foco de atención».
El parlamentario recordó que «el año 2020 la ministra Karla Rubilar se comprometió a iniciar un camino de dialogo y avanzara una solución. Hasta el día de hoy nada de eso se ha cumplido, es más si vemos el presupuesto para la compra de tierras, solo nos encontramos que solo se gastó un poco más del 20% de lo que se había aprobado para este año».
«Por eso insistimos en que no se está enfrentando el problema de fondo, más bien parece que el Presidente quiere desviar el foco de atención, ya que el Estado de Excepción solo dura 15 días y seguramente vendrá al Congreso a pedir una prórroga, en momentos que se estará viendo la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera», dijo Saavedra.
Para la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), la decisión del Ejecutivo «es una demostración que este Gobierno y al Presidente, Sebastián Piñera, no le interesa para nada el diálogo político y tampoco quieren resolver el tema de las restitución de tierras. Lo que están anunciando no es novedoso, la militarización en La Araucanía lleva años y no soluciona nada, solo contribuirá a más enfrentamientos»
«A mí me da la impresión esto es una cortina de humo para desviar la atención de los Pandora Papers, que tienen al Presidente siendo acusado constitucionalmente», añadió
En tanto, en la derecha valoraron la reacción del Ejecutivo. “Le habíamos solicitado tantas veces al Gobierno no tratar a la región de la Araucanía como una región más, cuando lo que estaba pasando ahí era distinto a lo que pasaba en todas las otras regiones, finalmente se nos escucha”, dijo el diputado UDI Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
El parlamentario añadió que “esperamos que pase pronto por la toma de razón de Contraloría y le permita al Estado, al Poder Ejecutivo defender el orden público, defender el Estado de Derecho, defender a los ciudadanos de la Araucanía que también son chilenos y que también quieren y merecen vivir en paz”.
“Me parece una muy buena decisión, la verdad es que la situación no da para más, el terrorismo desgraciadamente campea y no pueden seguir muriendo inocentes”, dijo por su parte la diputada RN Camila Flores, mientras su par, Gonzalo Fuenzalida (RN), quien también es integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, expresó que “hace un tiempo venía pidiendo que se tomara esta determinación y manifiesto que Chile merece recuperar la paz social y la Araucanía necesita urgentemente esta habilidad, para desterrar la violencia y el narcotráfico”.
La medida adoptada por el Gobierno también se instaló como debate en la Convención Constitucional, donde los constituyentes se encuentran en semana territorial y ocupar sus redes sociales para reaccionar.
“Tarde la declaración de estado de emergencia por parte del gobierno en la Macrozona sur. Esperamos que sirva de algo, ya que la primera función del Estado es darle seguridad a las personas. Eso simplemente no existe en la macrozona sur. Basta ya, ellos no pueden seguir viviendo así”, escribió en Twitter la convencional UDI Constanza Hube.
Otro tono tuvo su colega Eduardo Cretton, quien calificó como una “importante noticia la declaración de Estado de Emergencia para parte de la Macrozona Sur”. “El desafío del Gobierno ahora es utilizar adecuadamente las herramientas que entrega el Estado de Derecho. Porque las personas no pueden seguir esperando, ni sufriendo del terrorismo”, indicó.
En terreno, la convencional mapuche Rosa Catrileo lamentó la medida adoptada por el Gobierno. “En trawün invitada por mujeres rurales del Wallmapu (Araucanía) junto a la lamgen presidenta @ElisaLoncon hablando sobre los derechos en la ruralidad, privilegiando siempre el diálogo porque la militarización nunca será la respuesta, algo que Piñera y su sector jamás ha entendido”.
También representante de la zona de La Araucanía, Manuela Royo, indicó que “decretar estado de emergencia y militarizar el Wallmapu no solo refleja el fracaso de las estrategias del Gobierno de turno que cede ante la presión de las forestales y camioneros, sino que además es contraproducente con lo ya señalado por la Contraloría a fines de septiembre”.
Para el convencional PC Marcos Barraza, el “Gobierno actualmente cuenta con herramientas para mantener el orden público”, por lo que “este estado de excepción muestra el fracaso de la política del Gobierno y muestra el rasgo autoritario y antidemocrático del Presidente Sebastián Piñera”.
Por su parte, el convencional PS Ricardo Montero comentó que “en uno de los períodos electorales más importantes del último tiempo, el Presidente investigado por violaciones a los DDHH y corrupción, decreta Estado de Emergencia para militarizar el orden público de una zona del país, @sebastianpinera es una amenaza para la democracia”.
