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El fiscal Christian Toledo indicó que la resolución se debió a que se consideró la libertad del acusado como un peligro para la sociedad.
La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el suspendido funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Contreras, imputado por la muerte de la subinspectora de la institución, Valeria Vivanco.
El abogado de Contreras, el defensor penal público Juan Pablo Gómez, señaló que la audiencia se llevó a cabo por un recurso de apelación contra la cautelar de prisión preventiva, decretada el viernes 5 de noviembre por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.
“No existe una investigación que se encuentre acabada, ha sido una investigación que ha tenido yerros en el pasado, y demandan mayor certeza en cuanto a las conclusiones que se pretenden extraer de cada hipótesis”, sostuvo Gómez, consigna Radio Bío Bío.
Por su parte, el fiscal Christian Toledo indicó que la resolución se debió a que se consideró la libertad del acusado como un peligro para la sociedad.
Vivanco falleció el 13 de junio, en medio de un operativo en La Granja. El procedimiento -en el que funcionarios de la PDI seguían a un auto, tripulado por dos personas, con sospechas de estar relacionado a un homicidio- la subinspectora fue baleada.
En el sitio del suceso se encontró una bala de 9 milímetros con restos biológicos: el proyectil habría salido de un arma marca Jericho, empleada por personal de la PDI. El descubrimiento motivó a la institución suspender a tres funcionarios, quienes acompañaban a Valeria. Contreras, uno de los acompañantes, fue detenido el jueves 4 de noviembre para su formalización.
En primera instancia, se detuvo a los dos ocupantes del automóvil: Miguel Caniupán, de 19 años y un adolescente de 17; ambos formalizados y privados de libertad. Sin embargo, el caso dio un vuelco con los hallazgos en el sitio del suceso.
