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Crédito: ATON
«El legítimo ejercicio de la libertad, no puede limitarse, por conceptos basados en ideologías que se disfrazan por medio de eufemismos, autoritarismos añejos y fracasados en todo tiempo y lugar», espetó la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS).
La Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS) cuestionó al Colegio de Profesores luego de un llamado a huelga a ese tipo de recintos. Al respecto, manifestaron que «el legítimo ejercicio de la libertad, no puede limitarse, por conceptos basados en ideologías que se disfrazan por medio de eufemismos».
«Este lunes 15 de noviembre el Colegio de Profesores convocó a una huelga para los colegios particulares subvencionados, declarando que luchan por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación», señaló la CCPS en un comunicado.
«La educación es un derecho fundamental que permite el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de las personas en distintas etapas de la vida, a través de la transmisión de valores y conocimientos, otorgando beneficios como la superación de la pobreza y el progreso de toda la sociedad», prosiguieron.
«Por tanto, el legítimo ejercicio de la libertad, no puede limitarse, por conceptos basados en ideologías que se disfrazan por medio de eufemismos, autoritarismos añejos y fracasados en todo tiempo y lugar», añadieron.
«Esta tarea, en la que el Colegio de Profesores ha estado muy activo, organizando paros prolongados y resistiéndose a la vuelta a clases presenciales en momentos de atenuación de la pandemia, no se condice con las legítimas aspiraciones de las familias, a las que pretenden dejarlas cautivas de un sistema que no ha estado a la altura de los nuevos desafíos», espetaron.
Asimismo, apuntaron contra la propuesta del Colegio de Profesores de terminar con la educación particular subvencionada, que entre otras medidas -emanadas desde el Congreso Nacional de Educación- fue presentada ante la Convención Constitucional.
«Pone en serio riesgo la estabilidad laboral de los más de 110 mil docentes y más de 81 mil asistentes de educación que conforman nuestras aulas y dan vida y sentido a nuestros proyectos educativos», indicaron.
«Ellos pretenden traspasarlos a un empleador que mantiene una deuda histórica con el magisterio, incumple permanentemente el pago de bonos (SAE) y leyes previsionales, desvía fondos a campañas políticas y otras acciones ajenas a la educación, realidades que han impedido a un gran número de docentes poder jubilarse y que, además, perjudica a los alumnos más vulnerables (SEP)», sostuvieron.
