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Crédito: ATON
Según detallan, tras casi 10 meses del decreto de cierre, la que «tiene evidentes vicios que lo hacen ilegal, y por lo tanto, contrario al ordenamiento jurídico vigente, en esta materia», tanto la Cámara de Diputados como el Senado y sus respectivas comisiones de Educación, han solicitado al Ministro «el cese de la medida de cierre impuesta, por las nefastas consecuencias que tiene para 3500 estudiantes y 700 funcionarios
La Asociación de ex alumnos de la Universidad La República emitieron una declaración en donde aseguraron que la casa de estudios «está en riesgo», sobre todo por una serie de recientes actuaciones del Ministerio de Educación en relación con el cierre administrativo de la universidad, las que califican de «paradojales» y «preocupantes».
«El apresuramiento y la exposición mediática de cuestiones que ni siquiera procedimentalmente estaban resueltas, junto a la desprolijidad administrativa y la evidente arbitrariedad de sus actos, nos causan profunda preocupación, pues ello nos parece más fruto de un intento ideológico por eliminar un espacio de pensamiento diverso como lo es la ULARE, más que el ejercicio del deber del MINEDUC de cautelar el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación superior que la ley le encarga. Si bien, la transparencia es una virtud, la oportunidad y forma en que se difunde la información es relevante, pues a veces la forma, el tiempo y los mecanismos usados para informar lo único que generan es desinformación y parecen más campaña comunicacional que una actuación seria, en la que se han sopesado los perjuicios y daños ilegítimos que ello puede ocasionar en las personas», señalan.
Según detallan, tras casi 10 meses del decreto de cierre, la que «tiene evidentes vicios que lo hacen ilegal, y por lo tanto, contrario al ordenamiento jurídico vigente, en esta materia», tanto la Cámara de Diputados como el Senado y sus respectivas comisiones de Educación, han solicitado al Ministro «el cese de la medida de cierre impuesta, por las nefastas consecuencias que tiene para 3500 estudiantes y 700 funcionarios, considerando del mismo modo los esfuerzos y responsabilidad que han demostrado las actuales autoridades de la Universidad, que a diferencia de otras instituciones -donde se han escondido los entramados legales (recordar caso de Universidad del Pacífico)-, las de la ULARE, han persistido en los esfuerzos por establecer un plan de desarrollo coherente y en ingresar, actualmente, nuevos recursos a través de un inversor conocido, que viabilicen el proyecto educativo laico, progresista, inclusivo y tolerante a nivel nacional impulsado por la ULARE».
«En el intertanto el Ministerio, ha nombrado personeros, emitido juicios públicos y se ha negado a escuchar a los directivos de la corporación universitaria, quienes han demostrado con documentos formales la intención concreta de inyectar los recursos financieros necesarios para subsanar los problemas señalados por la Superintendencia de Educación, cuyo único y principal argumento de cierre, ha sido permanentemente la inviabilidad financiera, hoy nuevamente el Ministerio, a pesar de que la Universidad cuenta con un inversionista concreto que ha mostrado las cartas de respaldo de la inversión, se niega a apoyar la gestión de la ULARE», agregan.
«La actual posición de la autoridad es muy distinta a la tomada con otras casas de estudios cuyos directivos estuvieron envueltos en causas penales como la Universidad Pedro de Valdivia y la UCINF, que con iguales falencias tuvieron el acompañamiento ministerial, permitiéndoles incluso cambios de nombre, fusiones y adquisiciones en una lógica de mercado, en donde la educación parece un bien transable y de sólo valor económico, más que un derecho socialmente protegido», dicen.
A lo anterior mencionado, dicen los firmantes de la carta, «estas semanas la autoridad ha dado muestras evidentes de su falta de intensión respecto de resolver la situación de nuestra casa de estudios y de sus estudiantes, al solicitar la postergación de la vista de los recursos de legalidad que deben ser fallados por las Cortes respectivas, dilatando el procedimiento y apareciendo más preocupada de involucrarse en la campaña presidencial en curso, demostrando con ello su evidente parcialidad ideológica, situación impropia de una autoridad administrativa, y única forma en la que se puede explicar su persistente falta de respeto por los procesos judiciales que se encuentran pendientes».
«Conductas como las descritas nos llevan a pronunciarnos como ciudadanos, convencidos de que la legalidad de los actos de la autoridad son la base de la vida democrática, haciéndonos sospechar con tristeza y preocupación que La Republica está en peligro. Creemos firmemente que como exalumnos/as nos corresponde poner en la opinión pública los hechos que afectan a la ULARE, y con ello, promover la defensa de la legalidad vigente», aseguran.
«Afirmamos una vez más, nuestro absoluto apoyo a la gestión del actual Rector, Señor Fernando Lagos Basualto y los directivos superiores que constituyen su equipo, que hoy nos proponen la necesaria viabilidad académica, administrativa y financiera requerida para persistir en el esfuerzo de entregar educación superior de calidad a los jóvenes de las regiones, a los trabajadoras y trabajadores de todo Chile y a los jefes/as de hogar de nuestra querida República», cierran.
