NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Vía Twitter @criordor
La iniciativa fue presentada por la convencional constituyente por Antofagasta y fue firmada por casi la totalidad de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. La propuesta garantiza la generación de conocimiento, el derecho a beneficiarse de este y la libertad de investigación.
“La ciencia es patrimonio de la humanidad y el acceso a ella se basa en la pertenencia al género humano. Es un bien universal, no estatal. Supone una comunidad y la cooperación internacionales es el vehículo para asegurar el derecho”. Esta es una de las ideas clave de un reciente documento titulado “Derecho a la ciencia”, publicado por Unesco, la agencia especializada de las Naciones Unidas que se dedica al avance de la ciencia.
La idea de que la ciencia es un derecho humano está cada vez más asentada y extendida. Así lo considera la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27 cuando dice que “toda persona tiene derecho… a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten… Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas…”.
El desarrollo de este derecho ha adquirido especial relevancia en los tiempos actuales -por ejemplo, a raíz de la pandemia del Covid19-, donde los avances científicos y tecnológicos están teniendo un especial impacto político, ético, social, sanitario y ambiental a nivel local y global, y donde, al mismo tiempo, surgen movimientos negacionistas del conocimiento y la evidencia, y crecen las fake news, y lo que comienza a transformarse en una amenaza y en campo fértil para sembrar dudas.
En este contexto, la convencional constituyente Cristina Dorador presentó una iniciativa de norma constitucional sobre el derecho a la ciencia, la libertad de investigación y la protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología, la que fue firmada por casi la totalidad de los miembros de la comisión: Ignacio Achurra, Malucha Pinto, Carolina Videla, Bernardo de la Maza, María Angélica Tepper, Francisco Caamaño, Alexis Caiguan, Paulina Valenzuela, Carlos Calvo, Margarita Vargas, Loreto Vidal, Miguel Ángel Botto y Cristina Dorador. Además, contó con patrocinios y apoyos de los convencionales Vanessa Hoppe, Manuela Royo, Carolina Vilches, María Elisa Quinteros, Jorge Abarca y Alejandra Flores.
“Esta es la primera iniciativa relacionada con los conocimientos y es la primera vez que temas como la ciencia y la tecnología junto con otros conocimientos van a estar reconocidos a nivel constitucional”, dice Dorador. “Este es un primer paso para cimentar la anhelada sociedad de los conocimientos donde Chile se proyecte hacia el futuro en base a la generación de tecnología, innovación y conocimientos”.
La científica -una de las coordinadoras de la comisión- explica que uno de los principales anhelos de la comunidad de investigadores y científicos en Chile es que este quehacer sea reconocido y apoyado por la sociedad. “Un primer paso es que la nueva Constitución establezca el Derecho a los Conocimientos, lo cual tendrá consecuencias en garantizar que las personas puedan generar conocimientos de distinto tipo y disciplinas, abarcando áreas como la ciencia, artes, humanidades, ciencias sociales, saberes ancestrales, territoriales, populares y conocimientos estéticos. Además, en la norma se incluye un principio constitucional que se relaciona con la toma de decisiones en base a la mejor evidencia disponible, lo cual permitirá aumentar los estándares de políticas públicas y otras decisiones con consideraciones relacionadas a los conocimientos locales y pertinencias territoriales”.
Para Ignacio Achurra (D 14), uno de los coordinadores de la comisión, “es clave ser capaces de levantar propuestas de norma que vengan con un amplio respaldo de los integrantes de la comisión. También creemos que asegurar los conocimientos como base de un nuevo modelo de desarrollo es muy relevante para acercarnos a ese país que soñamos y proyectamos con el trabajo de la Constituyente”.
Para el convencional Jorge Abarca (D1), la democratización del conocimiento es uno de los pilares fundamentales del desarrollo en el nuevo Chile que se quiere construir. “En las nuevas formas de progresar están involucradas las actividades económicas, sociales y culturales, por ejemplo, que son parte de esta realidad. Por lo tanto, la posibilidad de generar conocimiento y que esté a disposición de todas y todos es una nueva forma de incentivar la prosperidad potenciando la colaboración en vez de la competencia, de manera que todas y todos los habitantes de este país recibamos los beneficios de este progreso”.
La iniciativa consta de tres partes. Primero, el derecho a beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios, donde el Estado debe asegurar el derecho de todas las personas y de todas las comunidades a participar libremente de los procesos de creación, desarrollo, transmisión, conservación y enriquecimiento de los diversos sistemas de conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios, sin discriminación arbitraria alguna y de forma equitativa y descentralizada.
Segundo, la libertad de investigación, donde se promueve y garantiza la libertad de creación e investigación y la difusión de los resultados de esta, fomentando el intercambio de datos e ideas y producción de conocimientos de manera descentralizada, con equidad de género y territorial.
Tercero, la protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología. Esto significa que toda participación individual y colectiva en la creación, desarrollo, transmisión, resguardo y enriquecimiento de los conocimientos y la tecnología deberán tener como límites el respeto a los derechos fundamentales y garantías de las personas, las comunidades y la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
Dorador destaca que la norma establece que el Estado promoverá y garantizará la libertad de creación e investigación de forma “descentralizada, con equidad de género y territorial, lo cual ayudará a que el país pueda avanzar en la disminución de las brechas históricas respecto a participación de mujeres y niñas en la generación de conocimientos y de la alta centralización de recursos y capacidades que existe actualmente”.
Las declaraciones internacionales y constituciones del mundo referidas a los conocimientos se enfocan en el conocimiento científico, mientras que la norma propuesta innova al considerar otros sistemas de conocimientos, como el conocimiento ancestral y el territorial. Lo que tienen en común estos sistemas de conocimiento es que son conjuntos de saberes estructurados, dinámicos y coherentes entre sí, generados a partir de diversas evidencias basadas en experiencia, comprobación empírica o marcos conceptuales compartidos por una comunidad respectiva.
Otra innovación es que, como consecuencia de la ampliación del foco desde el conocimiento científico a otros sistemas de conocimiento, la noción de quienes trabajan en el mundo de la investigación también cambia. Ya no solo considera solamente a investigadores científicos, sino a todas y todos quienes realizan actividades de investigación al interior de los sistemas de conocimientos que considera la norma.
A su vez, la actual Constitución solo indica, en relación a los conocimientos, que el Estado debe «estimular la investigación científica y tecnológica». La norma propuesta establece distintos derechos y garantías con relación a la participación y goce de los distintos sistemas de conocimiento.
Además, esta norma incorpora implícitamente la noción de justicia epistémica. Con esto se busca reivindicar el rol de sistemas de conocimiento como las artes y humanidades en relación a otras disciplinas y saberes que han tenido una posición más privilegiada en nuestra sociedad.
