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Según detallan, el contrato de arriendo que mantiene el INDH con los propietarios del inmueble ubicado en Eliodoro Yáñez establece un pago mensual por 160 UF ($4.957.000). Por lo mismo, aseguraron que desde el 8 de julio, la institución ha desembolsado $28.720.000 por el arriendo de dicha propiedad, sin que pueda hacer uso de ella. El abogado del INDH, Carlos Bellei, aseguró que «en relación a una presentación realizada por un grupo de diputados a la Contraloría General de la República, es preciso recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una Corporación Autónoma de Derecho Público y como tal no adopta sus decisiones ni pronunciamientos como respuesta a presiones indebidas o emplazamientos públicos».
A la Contraloría General de la República llegaron este miércoles un grupo de diputados de la UDI, encabezados por el jefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, para solicitar el inicio de una investigación por el mal uso de recursos públicos en que estaría incurriendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), considerando que una de sus sedes principales se encuentra tomada desde hace casi seis meses por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), sin que las autoridades del organismo hayan solicitado el desalojo.
Según detallan, el contrato de arriendo que mantiene el INDH con los propietarios del inmueble ubicado en Eliodoro Yáñez establece un pago mensual por 160 UF ($4.957.000). Por lo mismo, aseguraron que desde el 8 de julio, la institución ha desembolsado $28.720.000 por el arriendo de dicha propiedad, sin que pueda hacer uso de ella.
“Es verdaderamente inaceptable que, en casi seis meses de toma ilegal, el INDH no haya tenido la capacidad de presentar una querella y solicitar el desalojo del inmueble. Más aún, si consideramos que todos los meses están gastando casi $5 millones en arriendo, que son recursos que le pertenecen a todos los chilenos y que no están destinados para financiar a grupos radicales y violentistas”, cuestionaron los diputados UDI.
Por lo mismo, Coloma, Alessandri y Ramírez insistieron en la necesidad de recurrir a la Contraloría dado que “hay un evidente mal uso de recursos públicos”, agregando que “si en todo este tiempo el consejo directivo del INDH no ha tenido la voluntad de querellarse por la toma ilegal de su sede, la única alternativa que queda es que el órgano contralor actúe y tome cartas en el asunto”.
El abogado del INDH, Carlos Bellei, aseguró que «en relación a una presentación realizada por un grupo de diputados a la Contraloría General de la República, es preciso recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una Corporación Autónoma de Derecho Público y como tal no adopta sus decisiones ni pronunciamientos como respuesta a presiones indebidas o emplazamientos públicos».
«Continuaremos apostando por el diálogo como herramienta y forma de solución de los conflictos, como lo hemos planteado desde el primer momento», cerró.
