PAÍS
Crédito: ATON
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló en la Comisión de Trabajo del Senado que «lo que nosotros teníamos presupuestado como ingresos eran prácticamente US$63.108 millones». Sin embargo, comentó que la actual proyección es de US$67.439 millones por el crecimiento anota en el 2021.
En la Comisión de Trabajo del Senado, en el marco de la discusión por el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric tendrá cerca US$4.300 millones de ingresos extra, debido al crecimiento proyectado.
«El año 2021 es un año en que creemos que vamos a tener un crecimiento muy alto, vamos a crecer 12% seguramente, muy superior a lo que esperábamos cuando hicimos el Presupuesto, que en ese momento lo hicimos con 9%», expresó el titular de Hacienda.
«Pero al estar creciendo más, lo que nos muestran las cifras de ejecución es que se recaudó mucho más, y por lo tanto, ahora partimos con ingresos tributarios más alto para 2022», añadió.
El secretario de Estado mencionó que «lo que nosotros teníamos presupuestado como ingresos eran prácticamente US$63.108 millones». Sin embargo, comentó que la actual proyección es de US$67.439 millones.
«Eso significa que los ingresos para el año 2022 aumentan en US$4.332 millones en proyección, eso quiere decir que no solamente está disponible como fuente de financiamiento la provisión que hemos hablado en el Presupuesto, sino que además hay hoy día más de US$4.300 millones de mayores ingresos que seguramente lo puede usar el Gobierno electo para lo que desee», sostuvo Cerda.
«Nos entrega la tranquilidad de que el proyecto de Pensión Garantizada Universal está financiado para 2022 y que hay mayores bases de ingresos hacia adelante. Esto es muy relevante porque nos da más espacio para poder avanzar lo antes posible con esta iniciativa (la PGU)”, añadió el ministro de Hacienda.
Sobre el financiamiento de la PGU, Cerda recordó que los recursos se obtendrían a partir de la modificación o eliminación de exenciones tributarias (0,35% del PIB); la reducción del aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (0,1% del PIB), y el programa financiero para las reformas de pensiones en discusión en el Congreso (cerca de 0,5% del PIB).
