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Crédito: Aton
La propuesta busca reunir 15 mil firmas para que la Convención Constitucional discuta la inclusión de mecanismos que permitan garantizar en la práctica los derechos sociales demandados por la ciudadanía en la nueva Constitución.
Un grupo de organizaciones sociales y diversos sindicatos presentaron la Iniciativa Popular de Norma 18.202 para que la Convención Constitucional discuta e incluya en la nueva Carta Magna la promoción de servicios públicos universales y de calidad, así como también una política de impuestos que permita su financiamiento, de forma que en la práctica se logren asegurar los derechos sociales.
La iniciativa es impulsada por diversas organizaciones que participan en el Cabildo Ciudadano por los Servicios Públicos y la Red Ciudadana por la Justicia Tributaria y Fiscal. En donde se encuentra la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), la Asociación de Empleados de Impuestos Internos (ANEIICH), la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipal de Chile (CONFEMUCH), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), entre otros.
Quienes impulsan la iniciativa aseguran la importancia de los servicios públicos para enfrentar los desafíos colectivos y satisfacer las necesidades mínimas de una vida digna; tales como educación, salud y cuidados, vivienda, agua y pensiones. Manifiestan que para que los servicios públicos cumplan su rol, deben ser universales y capaces de mejorar las necesidades locales y adaptarse a las mismas, para que sean de calidad y obtengan financiamiento a largo plazo. Lo que conlleva que la política fiscal tenga como prioridad sustentar estos servicios de manera progresiva.
De esta forma, las organizaciones plantean que la nueva Constitución debe establecer una serie de principios para lograr una política fiscal que sea justa y progresiva. Lo que se traduce en la obligación de las personas y empresas para contribuir de acuerdo a sus capacidades.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Marcos González, puso énfasis en la importancia del reconocimiento de los derechos sociales y la necesidad de servicios públicos de calidad.
«Para que los derechos sociales se reconozcan y se conviertan en una realidad en nuestra nueva Constitución, necesitamos servicios públicos de calidad junto a un sistema tributario justo y equitativo, que reduzca las profundas desigualdades existentes en nuestro país y promueva un modelo de desarrollo sustentable para Chile», aseveró.
“La verdad es que sin servicios públicos fuertes y sin recursos públicos, es imposible garantizar los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Con esta iniciativa popular buscamos que el reconocimiento de los derechos fundamentales no se quede en letra muerta.”, agregó.
El 1 de febrero vence el plazo para que las personas y organizaciones que presentaron iniciativas populares reúnan las 15 mil firmas necesarias para que la Convención Constitucional discuta las propuestas.
