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Crédito: Aton
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, señaló que en cifras entregadas por entidades públicas, tanto en casos de personas fallecidas por Covid-19, como en los detenidos durante el estallido social, se evidenciaron diferencias en conteos y datos, por lo que llamó a estandarizar la recopilación de los mismos y avanzar a un sistema integrado y abierto. “El derecho de acceso a la información contempla a su vez, el que ésta sea fidedigna, comprensible y procesable, paso que convertirá, efectivamente, a la información en una herramienta poderosa al servicio del control social de la ciudadanía” comenta.
La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, tuvo palabras ante los desafíos en materia de transparencia, en donde se aprecian diferencias en las cifras que provienen de fuentes públicas asociadas a la emergencia sanitaria y al estallido social, en el que, a pesar de reconocer avances en la cantidad de información disponible, puso el foco en las diferencias conceptuales y de registro que «merman la confianza pública».
En la misma línea, la titular de la corporación se refirió a las divergencias en los números de las personas fallecidas por covid-19 y de los detenidos en las manifestaciones del estallido social, en donde sostiene que en cuanto a la información pública, se logra apreciar una «fragmentación».
Ante estas problemáticas, agregó que no sólo existe una única fuente de información. «Como vimos frente a la cuenta de fallecidos a causa del covid-19 o frente al debate acerca del número de detenidos tras el estallido social, por solo mencionar dos casos emblemáticos», aseveró.
De todas formas valoró los esfuerzos y avances que se han logrado en la última época «para lograr instalar una cultura de transparencia en el sector público», lo que, a su parecer, ha servido como base para la publicación de la información. Asimismo, recordó que desde la publicación de la ley de Acceso a la Información Pública, 862 organismos se han unido al Portal de Transparencia para publicar su información en la plataforma.
De la Fuente recalcó que «el derecho de acceso a la información contempla a su vez, el que esta sea fidedigna, comprensible y procesable, paso que convertirá, efectivamente, a la información en una herramienta poderosa al servicio del control social de la ciudadanía», lo que hoy en día no es posible debido a diversas falencias. «Hoy cada organismo compila y construye data para los fines propios de su funcionamiento, quedando en diferentes registros y conciliados bajo los parámetros que para cada organismo hacen sentido», agregó.
Por otro lado, señaló que el hecho de que las cifras no calcen, no significa necesariamente que la información sea falsa, sino que responden a diferencias de cada institución. Pero de todas formas, debe ser preciso para no sembrar un manto de dudas sobre la población. «Las discrepancias generan confusión, merman la confianza pública y también la posibilidad de generar políticas públicas adecuadas a la resolución de las problemáticas sociales», manifestó.
En relación a esto, apuntó a la «necesidad imperiosa de generar un sistema integrado y abierto de datos públicos», con la finalidad de eliminar la duplicación de esfuerzos, estandarizar la recopilación de datos y evitar que se genere información disímil. Por lo que planteó homogenizar criterios y parámetros; definir conceptos claves y asegurar que todas las instituciones estén en un determinado ámbito.
Que «hablen un mismo idioma y compilen la información de la misma manera; establecer responsables de la información; y mantener una plataforma única y transversal a todos los organismos del Estado», concluyó.
