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crédito: Marcachile.cl
Por incongruencias técnicas, la licitación seguirá siendo analizada exhaustivamente de forma jurídica por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Contraloría. Desde el Gobierno se afirma que solo se trata de un estudio que dirá de cuánto es la deuda de tierras y que con ese insumo el próximo presidente podrá decidir cómo avanzar. Las comunidades mapuches, por su parte, declaran que el universo territorial que pretenden estos títulos de merced de tierras indígenas no son suficiente en proporción a la demanda de su territorio ancestral.
La Contraloría rechazó las bases de licitación del catastro de tierras indígenas que el Gobierno por segunda vez intentó realizar en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; esto, tras detectar errores técnicos en un exhaustivo análisis jurídico del documento, en diciembre pasado.
Dicha licitación es un punto pendiente que ha sido anhelado por la administración de Piñera desde su primer mandato, quien pretende que el Gobierno haga un catastro de las tierras indígenas, analizando los títulos de merced que ya han sido devueltos a las comunidades, para saber así cuántos quedan por restituir.
“Realizar un catastro global de la situación de las tierras, que contenga las ya entregadas, su estado de producción y los compromisos pendientes del Estado”, advirtió el Mandatario en su última cuenta pública, señalando que es un situación que deben resolver.
Según Radio Bío Bío, el órgano Contralor advirtió inconsistencias de forma y fondo, junto a una serie de errores técnicos en el documento, en los cuales se ve que en las bases no se especificó las etapas de la licitación y varios de los criterios de evaluación no siguen lo estipulado por el Ministerio de Hacienda en la normativa vigente.
Entre otras incongruencias del documento, se detalla que se realizará una evaluación al prestador del servicio contratado, como mínimo cada 12 meses, el contrato tendrá una duración inicial sólo de 6 meses.
En el texto se establece, también, que la oferta económica no debe exceder el monto disponible para la licitación, lo que resulta contradictorio con lo estipulado en las bases, monto que expertos consideran que el catastro se va licitar por un monto entre $ 5 mil y $ 6 mil millones y está pensado, idealmente, para que sea adjudicado por universidades regionales. Además en las bases se alude a un estudio de mercado que no se adjunta.
El principal punto que se cuestiona es que si este estudio es pertinente o no, ya que dado que una de las misiones legales de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), es justamente tener a su cargo el registro de tierras indígenas y teniendo dicha facultad, una licitación de este tipo quizá no sea necesaria, sobre todo considerando el cuidado de recursos públicos que debe regir la entidad a la administración pública.
Cabe recordar que este es el segundo intento oficial que realiza el Gobierno para concretar el catastro, ya que el 2018 el ministro Alfredo Moreno, lideró la idea que fue rechazada por la Contraloría, ya que era Conadi la que debía llevar dicho registro.
No obstante, la corporación, igualmente, es parte de los organismos que evaluarán exhaustivamente las bases de la licitación, hecho por el cual las comunidades mapuches muestran preocupación que Conadi haga el catastro en base a solo los títulos de merced, según lo consigna La Tercera.
Lo títulos tienen una data de entrega entre 1884 y 1929 a las comunidades mapuches que fueron reubicadas en el proceso de ocupación de La Araucanía. Es un reconocimiento del Estado de que esos terrenos les pertenecían a ellos. Sin embargo, los pueblos son categóricas al afirmar que el universo territorial que contemplan los casi tres mil títulos de merced no son suficientes, ya que su demanda por las tierras ancestrales es mucho mayor.
De acuerdo a La Tercera, en privado se comenta que si el tema queda zanjado, que es la intención del Ejecutivo, el asunto irá escalando al punto de «transformarse en un eventual foco de conflicto con las comunidades indígenas, que podría enfrentar desde un inicio a los pueblos originarios con el presidente electo, Gabriel Boric»
El Gobierno, por su lado, asegura que es un compromiso presidencial y que solo se trata de un “estudio” que dirá de cuánto es la deuda de tierras y que con ese insumo el próximo presidente podrá decidir cómo avanzar, para así dar un elemento «vital» que servirá para abordar el tema en los próximos años.
Siguiendo con su comitiva, en la última cuenta pública el Presidente Sebastián Piñera se comprometió a elaborar el catastro, lo que fue reafirmado en Temuco, por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
