El excomandante en jefe del Ejército continuará en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. La ministra en visita Romy Rutherford al general (r) por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total $6.374.996.162, entre marzo del 2006 y marzo del 2010.
La Corte Marcial rechazó, por tres votos contra dos, otorgar la libertad bajo fianza para el excomandante en jefe del Ejército, general (r) Óscar Izurieta Ferrer, procesado por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, en el marco del caso Fraude del Ejército.
Con la decisión de la Corte Marcial, Izurieta continuará en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
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La ministra en visita Romy Rutherford, quien encabeza las indagatorias del caso, sometió a proceso al excomandante en jefe del Ejército.
La magistrada responsabilizó, en esta etapa procesal, al general (r) por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total $6.374.996.162, actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010.
Además, Rutherford ordenó el embargo de bienes por un monto total $6.500.000.000. Asimismo, dispuso el ingreso de Izurieta a prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
En su declaración ante Rutherford, el general (r) señaló que parte de los desvíos de dineros iban dirigidos a la familia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
En el detalle del procesamiento, se indicó que estos gastos de Pinochet incluían tener personal a su disposición, como médicos, enfermeros y escoltas.
Izurieta apuntó que el vínculo de la familia del dictador se daba con la Comandancia Guarnición del Ejército de la región Metropolitana. Ahí «se encargaban de mantener todo el sistema de escolta, de salud y de apoyo de la gente que custodiaba y atendía al general Pinochet».