NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: ATON
Entre las indicaciones aprobadas al artículo 18 del informe de la comisión, sobre la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, está la que establece que «las prácticas de colusión entre empresas (…) se entenderán como conductas contrarias al interés social».
La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó seis indicaciones al artículo 18 -visado en general a principios de febrero- del informe de la instancia, sobre libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. La propuesta será votada en el Pleno del órgano constituyente.
El artículo original indica que la «libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los Derechos consagrados en esta Constitución, el cuidado del medioambiente y con el interés general».
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Sin embargo, la mayoría de las indicaciones aprobadas añaden contenido el texto. Una de ellas, visada con 21 votos a favor y 11 en contra, indica que “las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados y el bienestar de las y los consumidores y usuarios y usuarias, se entenderán como conductas contrarias al interés social».
«La ley establecerá las sanciones a los responsables y su obligación de reparación integral”, complementa la indicación.
Otro nuevo inciso visado, con 24 votos a favor, siete en contra y una abstención, establece que “la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas implica también reconocer las formas y prácticas productivas que desarrollen los pueblos y naciones indígenas de acuerdo a su propio modo de entender el desarrollo, considerando sus prioridades y necesidades».
A ambos se añade otro inciso, respaldado con 21 votos a favor y 11 en contra. Este propone que “la actividad económica del Estado estará siempre sujeta a criterios de control, transparencia y probidad, los que determinará la ley».
