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Crédito: Agencia Uno
«Hemos venido a representar la ilegalidad de lo que significa la liberación de dos personas que cometieron un grave y terrible homicidio contra dos ancianos, los quemaron vivos, y los cuales cumplieron tres años de 18 de condena. No cumpliendo un requisito legal básico, que hayan tenido buen comportamiento ni la mitad de la pena», afirmó el diputado RN, Andrés Longton, añadiendo que esto es un intento por disfrazar «una decisión política, de una decisión que es técnica y jurídica».
La bancada de diputados de Renovación Nacional, este viernes hizo llegar a la Contraloría la petición de un pronunciamiento en contra de los beneficios carcelarios que recibieron José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos condenados por el crimen de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.
Andrés Longton, acompañado de sus pares, Miguel Mellado y Camila Flores, exigieron al órgano que este se pronuncie y verifique la legalidad del accionar del Consejo Técnico de Gendarmería en relación al beneficio de libertad dominical y salida trimestral para los primos Tralcal, quienes se encuentran condenados a «18 años de cárcel, por el delito de incendio con resultado de muerte».
Cabe destacar que la decisión se dio luego de que los primos hicieran huelga de hambre por un mes, en la unidad Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, lugar donde cumplen su sentencia.
«Hemos venido a representar la ilegalidad de lo que significa la liberación de dos personas que cometieron un grave y terrible homicidio contra dos ancianos, los quemaron vivos, y los cuales cumplieron tres años de 18 de condena. No cumpliendo un requisito legal básico, que hayan tenido buen comportamiento ni la mitad de la pena», afirmó esta mañana en Contraloría, el diputado Longton; añadiendo que este es un intento por disfrazar «una decisión política, de una decisión que es técnica y jurídica».
Puesto que, según a su juicio, «lamentablemente este Gobierno prefiere tener una agenda a favor de la impunidad, que a favor de la seguridad. Y esto se ha seguido repitiendo a lo largo de los últimos días y hoy seguimos con un hecho que es lamentable y afecta con el sentido de justicia que tienen las familias».
De acuerdo a lo expuesto en el requerimiento, los diputados «solicitamos sirva pronunciarse acerca de la legalidad de la Resolución Exenta N°3925, de 29 de julio de 2020, que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias, suscrita por el Sr. Christian Arnaldo Alvear Gutiérrez, director nacional de Gendarmería de Chile».
Esta la resolución se refiere «a las huelgas de hambre como una forma pacífica de protesta social, en circunstancias que la norma reglamentaria vigente para todos los chilenos las califica como falta grave a la disciplina».
El diputado Mellado, por su parte, apuntó a la existencia de un decreto firmado por el expresidente Eduardo Frei, «donde dice cuáles son los requisitos para obtener la libertad condicional dominical. Ese decreto no fue cumplido en esta oportunidad y no fue cumplido exclusivamente, porque se firmó algo por parte del director de Gendarmería (…) Yo lamento esta decisión política del Gobierno, que metió manos a través de Gendarmería», acusó.
En esa línea, Camila Flores aseguró que «hay un requisito que es fundamental que es el arrepentimiento y ese hecho no se ha generado», ya que, en ningún momento los Tralcal han «pedido disculpas o ha dicho que se ha arrepentido de este crimen tan vil y cobarde».
«Queremos saber si efectivamente existieron presiones para otorgar esta salida a estas personas o efectivamente se cumplió con todos los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico», precisó Flores, esperando que la medida se pueda revertir.
También, en el documento de 19 páginas, se indica que la resolución exenta posee elementos propios de un reglamento, ante lo cual el beneficio carcelario otorgado debiera dejarse sin efecto y pretender lo contrario «es jurídicamente impropio y por decirlo menos, engañoso».
Asimismo, emplaza que vulnera la igualdad ante la ley «imponiendo diferencias que no se sustentan en un criterio de razonabilidad». En ese punto se cuestiona el trato desigual respecto de las medidas disciplinarias en este tipo de eventos.
En paralelo, Longton, junto a los diputados Jorge Rathgeb, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán, Mellado, Schalper y Francesca Muñoz, oficiaron al director nacional de Gendarmería para que emita un pronunciamiento razonado que permita justificar la medida adoptada por el Consejo Técnico de la institución al otorgar el beneficio en cuestión.
Además, los parlamentarios solicitaron el expediente administrativo completo de ambos condenados, donde conste el avance del proceso de reinserción, así como la resolución final que concedió tal libertad.
