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Crédito: Agencia Uno
El Ministerio del Interior, presentó a la Cámara Baja, la modificación a la Ley de Armas que supone el “desarme” de la población, para esto busca ampliar la prohibición de porte armas a funcionarios jubilados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Orden Público (Carabineros y PDI). Agregado a esto, se busca aumentar los requerimientos para la adquisición de armas por civiles y la rotulación de munición, entre otras medidas.
A pesar de las modificaciones que ingresó a la Ley de Armas la administración de Sebastián Piñera, los expertos en materia de seguridad coinciden que este proyecto sigue desactualizado, lo cual incide en el aumento de la violencia en los delitos; manifiestan gran parte de las autoridades tanto del actual gobierno como del pasado.
Es en la discusión de esta arista que el Ministerio del Interior quiere entrar, por lo que prepara una iniciativa para modificar un aspecto fundamental para ellos: el “desarme” de la población, para esto busca ampliar la prohibición de porte armas a funcionarios jubilados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Orden (Carabineros y PDI).
Agregado a esto, se busca aumentar los requerimientos para la adquisición de armas por civiles y la rotulación de munición.
En esta línea, la propia ministra del Interior, Izkia Siches, presentó la idea a la Cámara de Diputados, informando además que se traspasará la supervigilancia del control de armas, desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) al Ministerio de Seguridad Pública (cartera que aún está en tramitación en el Congreso, por lo no está vigente).
En la actualidad, solo algunos exfuncionarios de las FF.AA, dependiendo de su escalafón, y las policías pueden portar armas, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto Nº 3556, firmado en 1980.
Dicho artículo primeramente señala que los generales, tenientes coroneles y suboficiales mayores en retiro “estarán facultados para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre, sin perjuicio de aplicárseles lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, para el personal en servicio activo”. Esto, siempre y cuando mantengan su Tarjeta de Identificación Institucional (TII).
Respecto al plan de “desarme” de los exfuncionarios de las FF.AA. y policías, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó a La Tercera que “esta iniciativa se enmarca en un conjunto de otras iniciativas que implementaremos, las que buscan controlar de mejor manera el mercado legal de armas, desbaratar los mercados ilegales (política contra crimen organizado), y reducir el stock de armas disponibles”.
Consultado por la razón del objetivo de la modificación hacia el stock de armas de los exuniformados, Monsalve planteó que “la pregunta que hay que hacerse es al revés: ¿Por qué los exuniformados pueden portar armas? ¿Qué los hace distintos al resto de los ciudadanos? En el fondo, lo que está en debate ahí es el principio de igualdad ante la ley. Hoy no hay ninguna justificación para que, a diferencia del resto de los ciudadanos, puedan portar armas”.
Por ese sentido, advirtió que “hay que considerar que están expuestos a las mismas conductas y riesgos -robos, asaltos, cooptación- al que están expuestos los demás ciudadanos con armas, y que son las que en medida importante nutren de armas los mercados ilegales y la delincuencia. La iniciativa, por tanto, se fundamenta en el principio de igualdad ante la ley y en la necesidad de reducir el stock de armas disponibles”.
Por su lado, consultado por el medio, el presidente del Cuerpo de Generales en Retiro de la policía uniformada, Francisco Smith mostró su desacuerdo por este proyecto, por lo que precisó que la medida para retirar el stock de armas en la población no debería estar dirigida contra los efectivos en retiro, sino que “sobre quienes cometen delitos”.
El oficial en retiro sostivo que “no hay mal uso de las armas, ni escándalos por determinadas situaciones, en nuestro caso. La gente en retiro velamos por el estricto cumplimiento de la ley para con el uso del arma, y si ha habido algún caso, será por legítima defensa por algún robo.»
Por ese sentido, aseguró que»no se puede criticar al manejo que hacen los retirados de las armas. Mi recomendación seria es que se hiciera un análisis para hacer esto y ver cuántas armas están dando vueltas en manos de la delincuencia. A eso hay que hincarle el diente, no a la gente que sabe usarla, como los funcionarios en retiro”.
