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Crédito: Agencia Uno
Un informe elaborado por la Fundación Sol propuso un salario mínimo de $450 mil para noviembre del 2022 y uno de $740 mil brutos para noviembre del 2025. En concreto, plantean reajuste pluri-semestral. Sobre el financiamiento, el documento contempla la eliminación de la política del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), la eliminación de exenciones o privilegios tributarios, la creación de un Royalty a la Minería, el impuesto a los súper ricos que registren un patrimonio superior a US$22 millones u otras medidas de carácter progresivo.
Un informe elaborado por la Fundación Sol, llamado «Propuesta de reajuste del Salario Mínimo con Criterios de Suficiencia (2022-2025)», propuso un salario mínimo de $450 mil para noviembre del 2022 y uno de $740 mil brutos para noviembre del 2025.
Recordemos que el gobierno anunció, luego de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que el salario mínimo -si así lo aprueba el Congreso- llegará a $380 mil a partir del 1 de mayo, y a $400 mil desde el 1 de agosto.
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En el informe, Fundación Sol señaló, citando al “Estudio de Caracterización de los Trabajadores
Afectos al IMM» (2020), que 890.573 personas que ganan el mínimo o menos. El grupo representa un 18,1% de los asalariados del sector privado.
Además, apuntaron que según la Encuesta Casen 2017, el 70% de los trabajadores dependientes del sector privado ganan menos de $455 mil líquidos.
En concreto, desde la Fundación Sol propusieron un reajuste inicial de $50 mil para el 1 de mayo de 2022, de tal forma que el salario mínimo alcance los $400 mil.
«Para las empresas que registren ventas anuales hasta 25.000 UF, se subsidiará íntegramente el monto reajustado, de tal forma que seguirán enfrentando un salario mínimo de $350 mil», señalaron en el reporte.
A continuación, plantearon que un segundo reajuste se lleve a cabo el 1 de noviembre del 2022, que también será de $50 mil, para llegar a $450 mil.
«Las micro empresas que venden hasta 600 UF ($19.200.000) al año recibirán un subsidio equivalente al 100% de las cotizaciones previsionales que pagan los trabajadores/as, lo que corresponde a $85.500», comentaron.
Posteriormente, «cada semestre, el salario mínimo aumentará en $50 mil y el porcentaje del subsidio según tamaño de empresa se irá reduciendo en 10 y 5 puntos porcentuales. De esta manera, en mayo de 2025, se alcanzarán los $700 mil brutos y en noviembre del mismo año, a partir de un reajuste de $40 mil, se llegará a un salario mínimo bruto de $740 mil». Precisaron que «este monto equivale a un salario mínimo líquido que supera levemente los $600 mil».
En materia de costos, explicaron que el primer reajuste «significaría US$184 millones en subsidios, el segundo reajuste (noviembre 2022) implicaría un costo de US$321 millones y el tercero US$329 millones».
«Vale decir, el costo anual promedio para el periodo estaría en torno a US$600 millones, el cual se reduciría a partir del año 2025. Esto representa US$350 millones más de lo que se proyectaba gastar para el IMG», agregaron.
Sobre el financiamiento, el documento contempla la eliminación de la política del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), la que «en vez de aumentar el valor de la fuerza de trabajo, entrega un bono a los trabajadores/as para complementar ingresos, que aún tiene algunos problemas administrativos y una cobertura que llega a menos del 70 % de lo proyectado originalmente», señala.
«Los recursos provisionados para el gasto proyectado del IMG se utilizarán para financiar los subsidios temporales a las micro y pequeñas empresas. De esta manera, a diferencia del IMG que también puede beneficiar a trabajadores/as de grandes y medianas empresas, se focaliza el apoyo en las empresas de menor tamaño y se incentiva a pagar mejores salarios a nivel general», complementaron.
Por último, el texto apunta que los «US$350 millones adicionales que se requieren para financiar la propuesta de reajuste pluri-semestral del salario mínimo para una reactivación no precaria, representa 0,11 % del PIB de Chile».
«Hay espacio para que su financiamiento sea a partir de mayor recaudación de impuestos, ya sea, a través de la eliminación de exenciones o privilegios tributarios, la creación de un Royalty a la Minería, el impuesto a los súper ricos que registren un patrimonio superior a US$22 millones u otras medidas de carácter progresivo, que eleven la exigua carga tributaria chilena», añade el informe.
